José Luis Baltar, un cacique gallego al que se le esfumó la impunidad

José Luis Baltar.
José Luis Baltar.

Para ello, el ex presidente de la Diputación de Ourense tuvo que ser denunciado por la Fiscalía por un delito continuado de prevaricación, aunque siempre presumió de su actitud caciquil.

José Luis Baltar, un cacique gallego al que se le esfumó la impunidad

Para ello, el ex presidente de la Diputación de Ourense tuvo que ser denunciado por la Fiscalía por un delito continuado de prevaricación, aunque siempre presumió de su actitud caciquil.

Al cabo de muchos años, la Justicia ha condenado a José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940) por usar la Diputación de Ourense como su empresa privada. Le impuso nueve años de inhabilitación por enchufar a 104 personas pero la sentencia no tendrá ningún efecto, porque el político ourensano ya está retirado. Dice ahora la Justicia que su actuación "fue contraria a toda norma".

José Luis Baltar encarna el retrato de un cacique gallego al que se le esfumó la impunidad. Para ello, el ex presidente de la Diputación de Ourense tuvo que ser denunciado por la Fiscalía por un delito continuado de prevaricación, aunque siempre presumió de su actitud caciquil, y se la impuso a Manuel Fraga y a Núñez Feijóo.

Bajo su dilatado mandato, la Diputación de Ourense se convirtió en la tercera empresa de la provincia en número de trabajadores, muchos de ellos contratados a dedo. Debido a su actitud, el PP, más que un partido, fue en Galicia durante muchos años una suerte de federación de territorios con intereses dispersos. José Luis Baltar Pumar siempre campó a sus anchas. Pero la justicia le ha afeado su final, aunque sin consecuencias, debido a que ya está jubilado.

Caterina González, la togada que está al frente del juzgado de lo penal número uno de Ourense por una sustitución, impuso a Baltar Pumar una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, un año menos de la pena máxima, la solicitada por la Fiscalía y el PSOE, una de las acusaciones populares en el proceso. La otra, el sindicato Manos Limpias, pedía nueve años y medio.

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