Italia podrá confiscar los barcos de las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo

El Gobierno italiano continúa con su lucha contra los rescates a mar abierto que realizan las ONG en el Mediterráneo. El Ejecutivo que encabeza la ultraderechista Giorgia Meloni ha aprobado un decreto ley, en la noche del miércoles, que limitará las actividades de salvamento de los barcos humanitarios, que auxilian a cientos de migrantes que diariamente se atreven a emprender una peligrosa ruta a bordo de pateras desde las costas mediterráneas del continente africano hasta el sur de Europa.

La nueva normativa no ha sido publicada completamente, pero no impide el desembarco de las naves con migrantes irregulares a bordo. Lo que sí llama la atención es que complica las tareas humanitarias considerablemente. Gracias a este decreto, el Gobierno italiano podrá multar e incluso confiscar los barcos de las ONG que no cumplan con la legislación vigente.

Lo más importante de la nueva normativa es que introduce una suerte de código de conducta de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán que seguir al pie de la letra durante las labores de rescate en alta mar y en la extensión marítima de Italia. Según el Ministerio de Interior italiano, el decálogo está alineado con las leyes internacionales de salvamento en el mar y migraciones, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Las autoridades asignarán los puertos para desembarcar

El texto publicado tras la reunión del Consejo de Ministros avanza que Italia comienza a aplicar un régimen de sanciones administrativas, y no penales, contra los barcos que incumplan sus nuevas leyes. Además, podrá proceder a “la detención administrativa del buque” infractor, y en caso de reincidencia se contempla la posibilidad de que las autoridades confisquen las embarcaciones.

Una de estas exigencias es que, en primer lugar y una vez que el barco ha rescatado a migrantes náufragos en el mar, la tripulación a bordo de la embarcación humanitaria deberá notificarlo inmediatamente a las autoridades portuarias italianas. Estas les asignarán un punto de desembarco, que no necesariamente será el más cercano a la ubicación en tiempo real de las naves de las ONG, y que el traslado será realizado sin demora “para completar la operación de rescate”.

El objetivo de la norma es impedir que los barcos humanitarios permanezcan más tiempo en las zonas de búsqueda y rescate, para que no puedan realizar varios salvamentos consecutivos, o “rescates múltiples”, a menos de que Italia lo autorice. Tras cada operación, el barco no podrá dar marcha atrás si quiere llegar a buen puerto. Esto prohíbe que rescaten otros náufragos en el Mediterráneo o que trasladen a los migrantes auxiliados por otros buques de las organizaciones no gubernamentales.

Además, un borrador de la ley divulgado por los medios de comunicación explica que, si no cumplen las normas, no solo el barco no podrá llegar a buen puerto, sino que se llevará una multa administrativa por 50.000 euros, así como el capitán y el propietario de las embarcaciones podrán ser multados por hasta 10.000 euros cada uno, si no facilitan la información que soliciten las autoridades portuarias.

Italia lleva días poniendo en práctica este nuevo sistema, después de que Meloni rechazara las políticas anteriores por las que tuvo un pulso con el presidente francés Emmanuel Macron. A todos los barcos que recientemente han rescatado migrantes se les han asignado puertos muy alejados de las zonas en las que se encontraban para ese momento. El mejor ejemplo es el caso del Ocean Viking, de la ONG francesa SOS Méditerranée, que llevaba a más de 100 migrantes rescatados cuando las autoridades le asignaron el miércoles el puerto de Rávena, al noreste del país, a una distancia de unos cuatro días desde la posición original, cuando estaba cerca de Sicilia. @mundiario