El Instituto de Empresa desmiente vínculos con la asistente de Begoña Gómez
El Instituto de Empresa ha confirmado al juez Juan Carlos Peinado que no existen correos electrónicos con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. Esta ausencia de material, lejos de ser anecdótica, reabre un debate central: cómo se está construyendo un proceso judicial donde, de momento, el vacío documental pesa más que las pruebas.
La investigación se centra en si la asesora de Gómez, pagada con fondos públicos, realizó funciones privadas en beneficio de la esposa del presidente. En concreto, se analiza si participó en gestiones relacionadas con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense o con su papel en el África Center del Instituto de Empresa.
El juez reclamó al IE una copia de todos los correos que pudieran haberse intercambiado con Álvarez, pero la institución respondió que no existe ninguno. Esto contrasta con lo ocurrido en la Complutense, donde sí aparecieron alrededor de 120 mensajes vinculados a la cátedra. Sin embargo, la propia Fiscalía considera que no hay indicios de malversación y que la pieza debería archivarse.
Un proceso con fuertes tensiones
La causa ha derivado en una pugna entre distintas partes. La defensa de Álvarez sostiene que la investigación es excesiva, mientras que asociaciones de acusación popular, como Hazte Oír, insisten en mantenerla viva. La UCO, que debía analizar los correos del IE, se ha quedado sin material con el que trabajar, lo que convierte esta línea de investigación en un callejón sin salida.
El problema de fondo es que cada paso judicial se magnifica en el terreno mediático. La figura de Begoña Gómez se utiliza como un altavoz político, en ocasiones sin esperar al resultado de las diligencias. Esta dinámica erosiona la confianza en la justicia, pues se da por hecho que hay un escándalo aun cuando no aparecen pruebas sólidas.
El valor de las pruebas y los límites del proceso
Que no existan correos no significa que se pueda descartar cualquier irregularidad, pero tampoco permite sostener acusaciones de forma indefinida. La justicia debe ser escrupulosa en la búsqueda de pruebas, pero también en reconocer cuando estas no existen. Lo contrario alimenta la idea de una investigación interminable que daña reputaciones sin conclusiones claras.
La pregunta de fondo es qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad cuando los procesos judiciales se convierten en campo de batalla política. Si la justicia se percibe como un instrumento para desgastar adversarios en lugar de una herramienta para esclarecer hechos, se debilita el sistema democrático.
En este contexto, lo que debería primar es la claridad: si hay pruebas, deben presentarse y debatirse en un juicio. Si no las hay, la causa debe cerrarse con la misma contundencia con que fue abierta. Mantener una investigación sin sustento documental es una forma de injusticia silenciosa. Y es precisamente esa injusticia la que mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. @mundiario