El instituto canadiense Citizen Lab, un actor protagonista del CatalanGate del que se sabe poco

Ronald Deibert, director de Citizen Lab. / YouTube
Ronald Deibert, director de Citizen Lab. / YouTube
La utilización de instrumentos de inteligencia tan invasivos como Pegasus y la vulneración de los derechos de las víctimas por intrusiones ilegales abren el debate sobre procedimientos de espionaje democráticamente aceptables. Falta incluir en él al papel del denunciante, en este caso Citizen Lab, con la pregunta: ¿quién controla a los controladores?
El instituto canadiense Citizen Lab, un actor protagonista del CatalanGate del que se sabe poco

Qué estupenda novela de espías habría escrito el maestro británico John le Carré (Poole, 1931) a partir del CatalanGate.

La trama en retrospectiva:  Una renombrada revista americana, The New Yorker, afirma que 65 políticos, abogados, periodistas y demás simpatizantes del independentismo catalán han sido espiados, supuestamente por el centro de inteligencia español CNI; la ministra de Defensa, Margarita Robles, concede en las Cortes que los teléfonos móviles de 18 políticos independentistas han sido intervenidos, después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; en cuanto a los demás 47, nadie parece saber nada sobre el asunto; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anuncia que servicios secretos extranjeros han hackeado el móvil del presidente Pedro Sánchez, así como los de la ministra de Defensa y del ministro del Interior, coincidiendo con la crisis política entre España y Marruecos; no solo los partidos políticos independentistas catalanes se quejan amargamente de la violación de su intimidad y amenazan con denegar el apoyo al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, también este partido reclama la dimisión de los responsables del rastreo inoportuno y de la poca capacidad de contraespionaje del CNI; el programa de software utilizado por los servicios de inteligencia nacional e internacional para estos juegos de espía se llama Pegasus y ha sido desarrollado por la empresa israelí NSO; expertos se preguntan cómo es posible que tantos gobiernos lo compraran, dado que como instrumento de espionaje ha demostrado muy escasa falibilidad; al final de la historia, la directora general del CNI es cesada.

Todo esto son noticias de ayer. Todo esto generará mañana nuevas informaciones e indiscreciones. Todo esto tendrá consecuencias, hoy todavía desconocidas. Porque como opina El País: “En cualquier caso, es al Gobierno al que corresponde establecer la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las comunicaciones y despejar dudas sobre la idoneidad o no de los instrumentos que el Estado utiliza para protegerse”.

Estando de acuerdo con esta afirmación, también me parece necesario prestarle más atención a una institución clave en esta trama de la que casi nadie se ha ocupado hasta hoy: al centro de investigación Citizen Lab, responsable del informe denunciando malas prácticas en el caso del CatalanGate. ¿Quién está detrás de estas siglas? ¿qué misión mueve al instituto de investigación? ¿qué fiabilidad tienen sus informes? ¿y quién controla al controlador?

Todo empieza, según Citizen Lab, con un primer reportaje en el periódico The Guardian en 2020

En su página web, Citizen Lab se jacta de haber identificado, en colaboración con grupos de la sociedad civil catalana, por lo menos 65 personas cuyos móviles fueron infectados, la gran mayoría por Pegasus y cuatro por Candiru. Entre las víctimas se encuentran miembros del Parlamento Europeo, presidentes de la Generalitat, incluyendo el actual Pere Aragonès, legisladores, abogados, miembros de la sociedad civil, así como algunos familiares. Cree tener evidencias suficientes de que el espionaje parte de las autoridades españolas. Y asegura que la validez del método utilizado para destapar estos casos de espionaje ha sido contrastada con Amnesty International's Tech Lab.

Todo empieza, según Citizen Lab, con un primer reportaje en el periódico The Guardian en 2020, haciendo hincapié en irregularidades. Motiva al instituto a investigar el asunto más a fondo, con la ayuda de algunos de los afectados por el espionaje de sus móviles. Hace una larga exposición de los eventos que llevaron al referéndum ilegal del 2017 y sus consecuencias, no ocultando su simpatía hacia la causa independentista. Por ejemplo, llamando la atención que varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos mostraran su desacuerdo con las sentencias de políticos catalanes por el Tribunal Supremo. Explica en detalle quiénes fueron espiados entre 2017 y 2020 y de qué manera. Juzga que la acción de espionaje se pasó por actuar de forma descontrolada, innecesaria y desproporcionada. Y critica severamente a la industria de espionaje privada, en especial a NSO y Candiru, por haber fracasado en incluir salvaguardas básicas contra abusos de sus sistemas de software.

Citizen Lab, que forma parte del Instituto Munk para Asuntos Globales y Política Pública en la Universidad de Toronto, se define como un laboratorio interdisciplinar especializado en tratar de resolver problemas en el área de intersección entre tecnología, derechos humanos y seguridad global. Ronald Deibert, fundador de instituto en 2001 y su actual director, fue en tiempos pasados miembro del Servicio de Inteligencia canadiense. La financiación de Citizen Lab corre a cargo del Centro Canadiense para Estudios de Seguridad Global, así como de múltiples fundaciones, entre ellas la Ford Foundation.  

Preguntas sobre Citizen Lab

Partiendo de la base de que Citizen Lab actúa con las mejores intenciones, hay preguntas que repito en relación con su funcionamiento:

1. Aun teniendo en cuenta que la Universidad de Toronto es muy prestigiosa: ¿puede un instituto universitario arrogarse la función de Defensor de los Derechos Humanos? ¿no sería mejor para su credibilidad integrarse por lo menos en el paraguas de una organización como las Naciones Unidas? 

2. ¿Con qué criterios se define en la institución una infracción de los Derechos Humanos? ¿y con qué criterios un compromiso de neutralidad, en cuanto a la valoración de los hechos históricos?  De la versión que Citizen Lab da de los acontecimientos políticos en Cataluña durante los últimos años, puede deducirse un posicionamiento bastante parcial a favor de la causa independentista.

3. Habiendo contabilizado 16 instituciones como financiadoras del instituto: ¿hasta qué punto intereses privados se mezclan con públicos en sus investigaciones? ¿y hasta qué punto entran en juego intereses del Gobierno canadiense? Basta recordar que la canciller alemana Angela Merkel denunció en su día la intervención de su teléfono móvil por parte de la CIA. En tiempos en que había en el poder un presidente americano amigo, Barack Obama.

4. Los métodos de investigación ¿son siempre infalibles y legales? En beneficio de la transparencia, debería haber por lo menos otro instituto competente e independiente que valorase las metodologías utilizadas y, en caso de dudas, dar pistas para corregirlas. ¿Lo es Amnesty International's Tech Lab?

5. En otras palabras: ¿quién controla a los controladores como Citizen Lab? @mundiario

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