Un informe de la ONU reprueba los poderes públicos de España
La brecha entre los estratos sociales de España se hace más evidente. Desde el año 2008 tras superar la debacle financiera los gobiernos de España solamente beneficiaron al sector de los adinerados de la población.
El reciente informe de la ONU destaca en ese sentido, que los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza.
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Considera el documento que en la España de 2020 : "sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones y programas de protección social muy insuficientes".
Por otra parte, la ONU cuestiona el sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico del país, las políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas. Así lo establece en su informe revelado por Philip Alston, quien fue el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos de 2014 a 2020, tras su visita a España en enero pasado.
El representante de la ONU visitó las Comunidades de Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, poco antes de que se desatara la pandemia de la Covid-19. Para Alston, resulta "más que evidente" que el sistema de prestación de asistencia social en España "está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan".
El documento destaca que la formación de un nuevo Gobierno a comienzos de 2020: "brinda una ocasión de cambio. Su anuncio de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y las condiciones materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio", añade el relator.
Alston realizó una gira por centros sociales y escuelas, oficinas de organizaciones no gubernamentales, un centro para personas con discapacidad, una oficina de servicios sociales, un asentamiento informal donde vivían trabajadoras y trabajadores migrantes, un bloque de viviendas privatizado, un centro de trabajadoras y trabajadores domésticos y varias comunidades romaníes.
Según el relator, un gran número de las autoridades políticas y cargos públicos coincidieron en que existían profundos problemas estructurales en España. De hecho, algunos lo reconocieron. Admiten que la pobreza y la precariedad habían pasado a ser una parte inseparable del sistema.
No obstante, el nuevo Gobierno señaló su firme voluntad de realizar amplias reformas. Política tributaria, social, sanidad, educación, lucha contra el cambio climático, transparencia y rendición de cuentas de la Administración son algunas de los aspectos que analiza el informe sobre España.
Igualmente entre las recomendaciones, Alston sugiere para solventar esos desequilibrios, la creación de una renta mínima básica, tomar el serio el derecho a la vivienda, emprender una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano o aumentar la progresividad del sistema tributario e incrementar los ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea. @mundiario
