El indulto político, insuficiente para el Gobierno catalán, que reclama amnistía
La decisión pretende facilitar el diálogo con el nuevo Ejecutivo autonómico, asumiendo el presidente Sánchez los costes electorales y de oportunidad.
El indulto es una medida de gracia anacrónica y profundamente discriminatoria. En 2020 se han concedido 30 y el año anterior 40. Son cifras mínimas en comparación con etapas anteriores en las que se concedían muchos más, 1744 en 2000 según la base de datos de la Fundación Civio. Como beneficiarios, delincuentes de derecho común pero también, condenados por el golpe de Estado de 1981, políticos corruptos, financieros, etc. Es una institución jurídica, herencia del pasado, que faculta al Gobierno para modificar total o parcialmente una condena judicial mediante un determinado procedimiento que en todo caso deja la decisión final en manos de la autoridad gubernamental. Se rige por una norma de hace 150 años modificada en 1988. En el pasado tuvo tanta importancia que incluso el actual Ministerio se denominaba de Gracia y Justicia.
El Tribunal Supremo acaba de rechazar la concesión del indulto a los presos catalanes por delitos contra la soberanía del Estado, por los que cumplen pena de prisión, con los beneficios correspondientes. Argumenta el Tribunal en un auto contundente que no se dan los supuestos de arrepentimiento previstos en la norma sino por el contrario la ratificación de los condenados en situarse al margen o por encima de la ley en relación con los hechos por los que fueron condenados. Paralelamente el Gobierno impulsa la modificación de los delitos juzgados mediante una revisión del Código Penal que buscará suavizar las penas y redefinir los tipos legales.
El Gobierno catalán reclama la amnistía aunque su Presidente asume que cualquier medida de gracia como el indulto mejorará la situación actual. No se debe olvidar que el transcurso del tiempo mejora la situación penitenciaria de los condenados, al progresar de grado y tener acceso a distintas medidas de alivio como el tercer grado, que dependen de la Administración Penitenciaria que en este caso está transferida al Ejecutivo catalán.
Estamos ante un caso de oportunidad política que además se refiere a un asunto crucial para la integridad del Estado. La oposición y una parte de la sociedad rechazan una medida que se entiende contradictoria con el intento de golpe de Estado y que al no considerar el arrepentimiento de los presos puede entenderse como facilitadora de nuevos episodios de confrontación, como un referéndum ilegal o proclamaciones políticas similares a las ya vistas.
Para el Presidente del Gobierno se trata de aprovechar la coyuntura para retomar el proceso de diálogo con el Ejecutivo catalán, que hasta ahora no ha rendido fruto alguno. Es más, las propuestas del Gobierno nacionalista son de máximos: nuevo referéndum, independencia, amnistía. Se trata de posicionamientos previos al debate pero indicativos de la dificultad existente para reconducir una situación que las recientes elecciones no han modificado, al obtener mayoría absoluta las formaciones nacionalistas e independentistas.
Dentro del Gobierno Unidas Podemos comparte las propuestas de los partidos catalanes por lo que la posición socialista es débil. Aun así, el Presidente Sánchez parece dispuesto a asumir en solitario el coste electoral y de imagen de una medida controvertida y de eficacia política dudosa, más allá del beneficio personal para los presos. Si consigue acuerdos relevantes con el Gobierno catalán podrá justificar la decisión. Caso contrario le perseguirá durante mucho tiempo y será argumento electoral prioritario. A estas alturas ya está claro que la posible concesión del indulto no se regirá por consideraciones humanitarias o derivadas de los criterios previstos en la Ley, recordados por el Tribunal Supremo, sino en la libérrima capacidad de decisión del Ejecutivo.
En consecuencia cualquier valoración es política. O se asume que el indulto forma parte de una estrategia de distensión, hasta la fecha desconocida aunque previsible, o se considera que es un error político que nada ayudará en la ejecución de dicha estrategia. Como se ha comprobado en la marginación del PSC, vencedor de los comicios catalanes, a día de hoy no hay elementos objetivos que avalen la disposición de los partidos independentistas a fraguar un acuerdo político de convivencia y menos de política constitucional. En esas condiciones el gesto de Sánchez, tan conflictivo, corre el peligro de ser un brindis al sol, eso sí, irreversible. @mundiario
