Indignación por la actuación judicial contra los periodistas en Palma

Periodistas del Diario de Palma. RR SS.
Periodistas del Diario de Palma. / RR SS.

Varios políticos y juristas expresan que la forma en que ha sido tratado el tema de parte de las autoridades vulnera el derecho a la protección de fuentes.

Indignación por la actuación judicial contra los periodistas en Palma

Esta semana un juez de Palma ordenó requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas para aclarar el origen de una filtración en el llamado caso Cursach, dicha decisión ha recibido el repudio de periodistas, políticos y juristas que consideran que la medida vulnera el secreto profesional. La fiscal general del Estado, María José Segarra, defiende el acto judicial expresando que estaba respaldada por el ministerio público. “La fiscalía y los jueces velamos por esa libertad de expresión y, por supuesto, por el secreto de las fuentes”, dijo.

Sin embargo, el secreto profesional del periodista es un derecho que está recogido en el artículo 20 de la Constitución y que ampara que los comunicadores no quieran revelar sus fuentes. Pero la orden del juez Miquel Florit a la Policía vulnera este derecho al ordenar que las autoridades requisen los aparatos electrónicos de los periodistas Blanca Pou, de Europa Press, y José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca.

La protección de las fuentes periodísticas es una base fundamental para cualquier sistema democrático, por lo que resulta a todas luces ilegal que un juez ordene que a la fuerza se descubran cuáles fueron esas fuentes. Así, las fuentes dejan de estar protegidas y no hay libertad de expresión.

Aunque el contenido judicial no se conoce al ser secreto el sumario, la orden entregada a los periodistas autoriza el “estudio de whatsapps, correos electrónicos y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados”. Fuentes citadas por los medios de la fiscalía expresan que no se está investigando la actuación de los periodistas, sino la de sus fuentes, que entre otros delitos, podrían haber revelado secretos de la causa judicial. Sin embargo, para hallar a los culpables, las autoridades han violado la barrera de protección de las fuentes.

Parte del secreto profesional, es la liberta de expresión, y por lo tanto se da por sentada la existencia de la opinión pública libre en un Estado que se describa como democrático. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre ha fallado a favor de los periodistas cuando estos chocan con labores judiciales que quieren violentar el derecho a la protección de las fuentes. A pesar de esto, es común que los tribunales imputen a los periodistas para forzarlos a revelar sus fuentes. Así que resulta interesante que los periodistas de Palma no están ni imputados ni se les ha llamado para declarar ante el juez, pero aun así, se les ha incautado los ordenadores y móviles.

El secreto profesional no solo protege a los periodistas, realmente busca cuidar de las fuentes, por lo que la orden del juez de Palma resulta ser muy chocante de muchas maneras. Pero esto no significa mucho para el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, que restó importancia a la actuación judicial. “Se ha creado una gran alarma social, quizás porque no se había dado esta situación antes, pero no tiene mayor importancia. Se han registrado despachos de abogados en multitud de ocasiones y no ha tenido esta repercusión y también tienen derecho al secreto profesional”, dijo en una entrevista recientemente. Y agregó: “no se trata de buscar la fuente de ningún periodista”, sino de hacer comprobaciones para la investigación.

Los políticos muestran desconcierto por lo sucedido, pero han sido bastante cuidadosos al respecto. Josep Borrell, ministro de Exteriores, fue preguntado por ello en el Foro Abc, donde mostró una gran sorpresa: “Pensaba que eso había pasado en Venezuela”.

Los principales partidos de Baleares condenaron la actuación del juez: “Estos hechos vulneran unos derechos fundamentales democráticos protegidos por la Constitución y lo que hacen estas actuaciones es debilitar un pilar básico de la democracia”, dijo la diputada de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar. Y en la misma línea se manifestó el diputado de Podemos, Alberto Jarabo, que aseguró que la medida es “totalmente incomprensible”. @mundiario

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