Los independentistas evitan la DUI pero reivindican el 1-O y a Puigdemont
La resolución ha sido impulsada por Junts per Catalunya y apoyada también por ERC y la CUP. Ciudadanos ha avanzado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una resolución impulsada por Junts per Catalunya -con el visto bueno de ERC y la CUP-, que denuncia la "destitución ilegal e ilegítima" de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y reivindica el reférendum soberanista del 1 de octubre.
De acuerdo a El País, el documento exige que "cesen las injerencias" del Gobierno del Estado ante las "instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional al pretender impedir la materialización de la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, como la que fue expresada en el 1-O". La propuesta ha prosperado con 68 votos a favor y ocho en contra. Ciudadanos, PSC y PP no han participado en la votación si bien han permanecido en el hemiciclo.
La Fiscalía anunció el miércoles que actuaría contra la Mesa del Parlament si mantenía la admisión a trámite de una enmienda de la CUP a una propuesta de resolución de Junts per Catalunya. Los anticapitalistas querían que la Cámara autonómica "se reafirme y reitere la declaración de independencia" aprobada el pasado 27 de octubre. El debate se ha iniciado con una bronca jurídica parlamentaria entre el president Rogert Torrent y el grupo de Ciudadanos. Ambos diferían en la forma como se debe tramitar una transacción de proposición. El debate ha empezado al final con media hora de retraso.
La propuesta de resolución que finalmente se llevó al Parlament por parte de los partidos independentistas no habla explícitamente de la declaración unilateral de independencia (DUI), tal y como pretendía la CUP, sino que se limita a denunciar lo acontecido en Cataluña en los últimos meses con la aplicación del artículo 155. En este sentido, reivindica la figura de Puigdemont como "presidente legítimo", de los derechos de los diputados en prisión o en Bruselas, hace referencia al referéndum del 1-O, pero se limita a hablar de “acción republicana”, con la que se pretende evitar la intervención jurídica del Estado por entender que la propuesta inicial de la CUP supone una violación del ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional (TC).
El texto apuesta por activar desde el Parlament “todos los instrumentos y procedimientos” para garantizar los “derechos civiles y políticos de todos” sus diputados y “restablecer todas las instituciones” catalanas, “comenzando por la presidencia” de la Generalitat. @mundiario