El independentismo entenderá pronto que la negociación es más productiva que la calle

La cárcel, como la enfermedad o la muerte, es un poderoso igualador social. Mismo trato, idénticas privaciones, rituales repetidos. Delincuentes comunes conviven con capos del crimen,  con banqueros, artistas o políticos, en España como en otros países. En estos días hemos visto en sucesión continua, como un presunto delincuente por un delito sexual, entra y sale de la cárcel para acudir al juzgado, bajo gran expectación mediática. Cinco minutos después, en los informativos televisados,  es el exvicepresidente catalán quien repite el mismo paseíllo. Ambos están preventivamente recluidos. Podemos verlo como la grandeza de la justicia que a todos iguala bajo el imperio de la ley pero sabiendo que no han hecho lo mismo.

A Foucault debemos uno de los mejores análisis sobre el papel de la prisión en nuestra sociedad. Un mecanismo de defensa del poder, más igualitario que las sanciones económicas, perfectamente cuantificable y teóricamente orientado a la modificación de las conductas. A condición de olvidar que existen otros mecanismos correctores que no exigen actuar sobre la libertad, en especial cuando de la estancia en prisión no se espera la modificación de la conducta del preso, sino sobre todo que sirva de amenaza y por tanto contención, para quienes tengan la tentación de repetir las mismas conductas.

Pero al mismo tiempo sabemos que los delitos de carácter político, contra las instituciones o cometidos en el ejercicio de los cargos públicos, son siempre discutibles. El Estado se defiende como poder máximo mediante el Código Penal que establece límites disuasorios pero  tanto la institución estatal como el Código Penal no dejan de ser parte del propio debate político, cambiando uno y otro de acuerdo con la evolución social y política.  Así no puede extrañar  que la calificación penal del anterior gobierno catalán,  sea ignorada por sus electores que han depositado de nuevo su voto y por tanto  su confianza, no ya en las mismas organizaciones, sino en las mismas personas que ahora concurren como candidatos. Y además pregonan que son presos políticos o rehenes.

El auto del Tribunal Supremo denegando la libertad a Oriol Junqueras es muy interesante al relatar la distinta visión de unos mismos hechos que tienen el recurrente y los magistrados. Ningún argumento calará en la conciencia de sus seguidores que además cuentan con un antecedente relevante. En 1935,  el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, de Esquerra Republicana, proclamó la República catalana. Fue encarcelado, juzgado y condenado a 30 años de prisión. Anteriormente se había distinguido por una violenta forma de ejercer el orden público, pistolerismo incluido.  Pocos meses después el Gobierno del Frente Popular le otorgó una amnistía para que pudiese recuperar su puesto. Pese a ello sus desencuentros con las autoridades republicanas fueron constantes y a decir de éstas, su compromiso con la República, tibio.

La democracia española aprobó en sus primeros momentos dos amnistías que igualaron a personas responsables de la dictadura o a terroristas condenados por delitos de sangre con las víctimas de la dictadura. Fue un mecanismo para evitar que la nueva democracia naciese envuelta en un interminable ajuste de cuentas. No fue una ley del olvido, como escriben algunos desmemoriados, sino todo lo contrario, una consecuencia del hondo conocimiento de lo que había ocurrido, de sus causas y de sus posibles consecuencias. Y durante la democracia se han aprobado innumerables indultos. El independentismo, ahora ansioso por recuperar el Gobierno, pronto entenderá que la mesa de negociaciones es más productiva que la calle y que sólo en ella conseguirá lo que la ley penal no permite. @mundiario