La imposibilidad de perseguir delitos anteriores a su abdicación libran a Juan Carlos I
La Fiscalía del Tribunal Supremo sopesa cerrar las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I sin denunciarle, al entender que los delitos que persigue fueron supuestamente cometidos antes de la abdicación del rey emérito en 2014, cuando gozaba de la inviolabilidad que le concede la Constitución Española. Pero hay más: las dos regularizaciones fiscales presentadas por el emérito en diciembre de 2020 y febrero de 2021; la prescripción o la falta de otras pruebas para pedir su imputación.
Por todo esto, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción ahora se plantea renunciar a presentar una querella ante el Alto Tribunal y ha comenzado a trabajar en un “amplio documento” para razonar su decisión, según ha adelantado este miércoles El Confidencial y han confirmado posteriormente fuentes conocedoras de la investigación a El País.
El decreto pondría fin a las diligencias abiertas al emérito hace más de dos años y cuyas indagaciones están centras ahora mismo en tres diligencias de investigación diferentes “con sus derivadas tributarias”: el uso de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause en supuestas donaciones a Juan Carlos I; el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca y un trust que habría permitido al entonces Rey mover 10 millones de euros escondidos en la isla de Jersey.
Ahora, la Fiscalía habría llegado a la conclusión de delitos como los supuestos fondos ocultos en el paraíso fiscal de Jersey están prescritos. Y otros no son perseguibles porque entonces gozaba de inviolabilidad y no podía ser imputado: es el caso de la evasión fiscal de Juan Carlos I tras recibir 100 millones de dólares en 2008 del rey de Arabia Saudí.
El emérito ya ha pagado lo que debía
Los delitos que se pueden demostrar a partir de 2014 (como el uso de dinero del empresario Sanginés-Krause que gastó el Rey sin declararlo) han quedado sin reproche penal por la maniobra del abogado del emérito, expone El País. Así, tampoco es posible querellarse el supuesto delito fiscal, pues el emérito ya ha pagado a Hacienda lo que debía: en diciembre de 2020 presentó una regularización por el dinero no declarado que le donó el empresario mexicano; y en febrero de 2021 una segunda, por los regalos de su primo Álvaro de Orleans en forma de viajes en vuelos privados a través de la fundación Zagatka.
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La Fiscalía considera que ambas regularizaciones son legales porque “fueron presentadas de forma voluntaria”, como exige la ley, y no luego de que Juan Carlos I conociera, a través de su abogado, que se habían abierto diligencias de investigación en la Fiscalía por asuntos de relevancia penal. En síntesis, las regularizaciones impiden, por tanto, la actuación penal.
El final judicial -si finalmente se archivan las diligencias- abre un nuevo escenario para Juan Carlos I que podría incluir incluso la vuelta del monarca a España. @mundiario
