La imperecedera provincia resurge para oponerse a las comunidades autónomas
Pocas cosas hay en España con más tradición que las provincias, excepción hecha de los municipios. Pero mientras que estos han conocido diversas vicisitudes, en unos tiempos electos, en otros designados de forma restringida, actualmente por sufragio universal, la provincia, diseñada por el ministro Javier de Burgos en 1833, ha sido siempre una estructura de control del Gobierno central. A través del Jefe Político en una época, del Gobernador Civil en otra, la provincia ha sido la división impuesta al territorio según el modelo departamental francés, para garantizar la aplicación homogénea del poder estatal.
La creación de las comunidades autónomas significó el vaciamiento de esa estructura administrativa, al absorber el nuevo poder gran parte de las políticas sectoriales. La presión nacionalista hizo el resto, forzando al Gobierno de Aznar a eliminar la figura del Gobernador Civil provincial, residuo del franquismo. Hoy la provincia es una estructura vacía de poder político, utilizada sin embargo en muchas Comunidades Autónomas para su propia estructura administrativa. En cuanto al poder estatal, sólo mantiene algunos servicios de carácter provincial, como la Guardia Civil. La creación de la figura del Delegado del Gobierno, cuyo ámbito es igual al de la comunidad respectiva, ha consagrado la nueva estructura territorial de España. Por el contrario, la Administración de Justicia mantiene la instancia de apelación provincial, a través de las Audiencias.
Modernamente, sólo la normativa electoral de 1977, del Gobierno Suárez, se basa en la provincia, un hecho más que censurado por los especialistas, al considerar que introduce una anómala distorsión de la representación, primando las provincias más despobladas en detrimento de la residencia real de la población. Ahora bien, la anomalía es bastante neutra ideológicamente, favoreciendo al partido que gobierna, de ahí que no se haya modificado hasta la fecha y que la nueva Ley electoral de 1985, pactada, mantenga la circunscripción provincial.
El proceso de normalización de la vida social y laboral, designado como es habitual con una fórmula pomposa, ha recuperado la provincia como espacio de planificación, para evitar que las comunidades autónomas o las alcaldías tengan el menor protagonismo. Ni la organización de la sanidad se basa en la provincia, ni la epidemia, básicamente urbana, se corresponde con esa estructura artificial. Ante la presión territorial, el Gobierno opta por una vía intermedia que tiene la ventaja de carecer de estructura política pues las diputaciones y cabildos no son sino organismos de carácter local, al servicio de los municipios, careciendo de competencias relevantes.
La decisión complica las próximas prórrogas del estado de alarma, tres más que el Gobierno ya ha anunciado. Si hasta ahora la oposición las ha refrendado y en la última ocasión también el PNV, la presión de las comunidades más la propia posición inestable del PP, harán más difícil cada nueva prórroga. El Gobierno juega con un chantaje emocional: denegarlas significaría asumir la responsabilidad de un posible rebrote epidémico. De modo que es probable que finalmente sean aprobadas al precio de una discusión pública cada día más elevada de tono. En esas condiciones, la comisión parlamentaria para la recuperación económica, que era urgentísima hace quince días y ahora sigue el cansino ritmo parlamentario, está condenada al fracaso antes de comenzar sus trabajos. Subrayemos que dicha comisión no es imprescindible para que el Gobierno actúe.
El Gobierno ha aprovechado la epidemia para reforzar su autoridad y su presencia, a través de la asunción de competencias autonómicas, del despliegue de militares y fuerzas de seguridad para darle visibilidad y de una campaña informativa abrumadora. Sabe que las crisis refuerzan a los gobernantes y no ha dejado pasar la ocasión.
Prescindir frontalmente de los poderes territoriales que dirigen la sanidad y los principales servicios de proximidad, es un cálculo político arriesgado. El PSOE no gobierna ni las comunidades históricas ni las grandes. La batalla es pues frontal. Al fondo del escenario, probables elecciones generales anticipadas el próximo año, con la excusa de la recuperación económica a través de un Gobierno con mayor respaldo. Viene mucho ruido. @mundiario
