¿Por qué quien padeció censura y procesamiento cree que la libertad de expresión tiene límites?

En los últimos días hemos leído de todo con respecto a dos conceptos fronterizos: la libertad de expresión y la censura. Muchos de los que han defendido que la primera es un valor absoluto, sin límite alguno, han considerado que sólo sugerir lo contrario es censura. Y lo que es peor, parecen concluir que la libertad de expresión no supone al mismo tiempo responsabilidad alguna en su ejercicio. Pondré un ejemplo: en uso de mi libertad de expresión, yo puedo injuriar a otra persona, o acusarla de un delito perseguible de oficio que no ha cometido (calumnia) o puedo incurrir en una intromisión ilegal en su honor, la intimidad o imagen. En ningún caso podría invocar la libertad de expresión como eximente, porque también las personas afectadas por lo que yo diga o escriba están protegidas, en su caso por el mismo título de la Constitución, por la ley específica que protege el honor o por el Código Penal con carácter general.

Curiosamente, la doctrina y la jurisprudencia admiten una excepción, basada siempre en el preferente interés público: en el caso de los políticos ese margen se amplia, porque, como dicen los británicos han de soportar las consecuencias de llevar sobre sus hombros el “manto de púrpura”. Pero eso supone que se tolere al ataque sin fundamento “per se”.

Cartel de Reporteros sin fronteras sobre la censura.

A veces olvidados que la responsabilidad es uno de los contrapesos que se deben tener en cuenta en el uso de la libertad, de todas las libertades. Y eso no es censura ni autocensura. Partamos de la base de que todo el mundo puede escribir, hablar o crear libremente sin censura previa. Y que la libertad de expresión de los otros supone que hemos de escuchar o leer lo que nos agrade y lo que no. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se cansa de repetirlo. Del mismo modo que a los periodistas, en este caso, se les debe exigir diligencia y objetividad en la búsqueda de la verdad.

¿Acaba ahí la cuestión y hay algo más?

Mi propia experiencia

Permítanme que me refiera a mi propia experiencia a lo largo de 30 años de ejercicio del periodismo en prensa y radio, y de otros 22 como profesor precisamente de Derecho de la Información. Yo fui procesado (y absuelto en todas las instancias) por un reportaje sobre la guerra civil en Tui, en el que yo narraba cómo se fabricaban las pruebas falsas en los procesos militares para ejecutar a las personas que se opusieron al alzamiento. El Tribunal (que presidía el padre de Rajoy) apreció que mi ánimo era “historiandi” o “narrandi”, pese a mis duros términos contra un oficial del Juzgado de Tui que colaboraba con los represores  (la querella la puso su familia). Es decir, que en determinados procesos de prensa u opinión lo esencial no sólo es lo que se dice, de qué modo y efectos, y que la sociedad considere inadecuado eso que se dice, sino el “animus”, aparte obviamente de otra serie factores. Y probar lo que se dice, claro.

Decía Paz Andrade, que conoció en carne propia la persecución a que fue sometido su periódico “Galicia”, que todo periodista que se precie debe tener algunas heridas en el pecho. En su día hube de responder alguna demanda de conciliación previa a querella (cuando vivía Franco) de un corrupto alto cargo de¡Sanidad en el caso del fraude del bonito (una conservera de Vigo llegó a envasar atún adquirido, por su estado, para harina de pescado). Denuncié que este sujeto había omitido la inspección que permitiera bloquear la salida al mercado del producto falsificado. Me amenazó, pero no se atrevió a seguir adelante.

Más recientemente, me vi envuelto en dos procesos civiles: precisamente, demandas en defensa del supuesto honor, la intimidad e imagen de mis acusadores: uno de ellos fue el narcotraficante Marcial Dorado Baúlde, “Marcial de la isla”, (el de la foto con Feijóo), quien decía que mis reportajes sobre su persona deprimían a su familia; pero el mejor caso fue la demanda que el ex alcalde de Vigo, Manuel Soto Ferreiro, del PSOE, interpuso contra mí cuando descubrí y califiqué de tal la corrupción en la Universidad de Vigo (el padre de su primer teniente de alcalde, profesor de contabilidad, aparecía dando clase en la especialidad de “gaita” a la misma hora, el mismo día, en dos clases y alumnos diferentes, como su poseyera el don de la ubicuidad. En ambos casos, el fallo me fue favorable. Y no digo nada de los expedientes por emitir discos prohibidos, o el riesgo de la inhabilitación profesional, siendo corresponsal de la Agencia Europa Press por publicar noticias que EFE no daba sobre los conflictos laborales de Vigo de inicio de los 70.

Digo esto para que se advierta que soy persona especialmente sensibilizada ante estas cuestiones, desde mi propia experiencia.

Tres casos diferentes

Volviendo sobre los tres asuntos que están en el debate público, quiero recordar, como ya dije el otro día, que el secuestro del libro “Fariña” me parece erróneo, contraproducente e ineficaz desde el propio punto de vista del interesado en evitar su difusión. El secuestro cautelar es, como se ha visto otras veces, de una publicación periodística provoca como vemos el efecto contrario.

En cuanto al rapero condenado a prisión por las letras de sus canciones (si eso son canciones) sostengo dos cosas: merece una sanción penal, en forma de multa; pero no la cárcel. En este caso, entiendo que la libertad de expresión tiene que detenerse ante los límites éticos o estéticos que marca la propia sociedad. Es casi, un problema de mal gusto. ¿Qué diríamos si en esas letras alabara a Hitler, a la solución final o hiciera chistes, como el otro, sobre cuántos judíos caben en un seiscientos convertidos en ceniza, o sobre la agresión machista a las mujeres, etc? La sociedad bramaría, sobre todo los que ahora lo amparan. Se rechazaría que la libertad de expresión pudiera amparar tales excesos.

La sombra de la autocensura.

Aunque ahora llama la atención este caso, no es nuevo algunas de las actuaciones judiciales contra quienes incurrieron con letras de canciones de corte parecido fueron procesados por el mismísimo y ahora juez progre Baltasar Garzón, con resultado de diversas condenas. En este caso, cabe decir que Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, condenado a 3 años y 6 meses de prisión (por injuriar al Rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones), no ha hecho nada que no se hubiera hecho antes. ¿Realmente, como indican los jueces, este rapero invita a la comisión de las acciones a las que se refiere? Esa es la cuestión, sobre todo por su contundencia y reiteración. ¿Esto es libertad de expresión: "Matando a Carrero ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal” o “los GRAPO, os necesitamos. Para que, por cada suicidio e injusticia, un político visite un gulag” o “más banqueros muertos reducirían desahucios”.

Lo de las injurias a la Corona no lo veo claro, ya hay jurisprudencia que distingue la injuria a la persona (sea o no real) de la injuria a la institución. Yo mismo he criticado algunas actividades privadas del Rey emérito de modo contundente, pero empleando la ironía y no el insulto. De todos modos, el tal Valtonyc no es un hombre pacífico: En 2013 fue detenido por agredir a un secretario de Nuevas Generaciones del PP en Mallorca. Esta vez pasó de las musas a la acción. Pero el conjunto de las letras de sus canciones destilan un odio requintado en forma harto grosera desde una manida perspectiva ideológica. Sólo apunta en una dirección y sus letras ofenden la memoria de las víctimas de ETA y del GRAPO, entra otras. Se puede ser irónico, ácido, crítico, contracultural con otro estilo y la misma eficacia o, el menos dosificar los contenidos. 

Y en cuanto al caso de la pretendida obra de arte “Presos políticos” parto de la base de que no me parece tal, sino un panfleto oportunista, que incluye (aparte de los políticos y activistas catalanes cautivos en prisión preventiva) entre los “presos políticos” a los titiriteros que en una función para niños alabaron a ETA y Al-qaeda, y al violento activista andaluz, Bódalo, agresor de una cajera en su asalto a un supermercado y que destrozó una heladería con una mujer embarazada dentro porque no se sumaban a una huelga. Yo no hubiera retirado el cuadro de ARCO. Ni valía la pena.

En conclusión, pese a su coincidencia en el tiempo, creo que son tres casos diferentes y que es una apreciación errónea aprovecharlos para algunas de las conclusiones que se vienen estableciendo sobre la libertad de expresión y la censura.

Para mí, periodista procesado, expedientado y censurado, la libertad de expresión no es un derecho absoluto: tiene límite éticos, estéticos, jurídicos y hasta de simple buen gusto. @mundiario