Hacienda atribuye ahora el enredo con la Infanta Cristina a un error con su DNI
Nos encontramos dentro de una monarquía parlamentaría, lo sabemos, somos conscientes de que la herencia sumada a nuestro deseo de libertad dieron como resultado este sistema en el que el rey, reina, pero no gobierna. Analizar el papel de nuestra monarquía me parece complicado pudiendo entender a quienes le atribuyen el mérito de haber frenado un golpe de Estado gracias a su intervención, pero puede ser uno de los mayores motivos por los que en nuestro país se le permite a un rey y a su familia campar a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su antojo? Realmente no creo en la figura del rey basada en sus dotes de relaciones públicas, pues se podría crear un cargo -de igual forma que se crean otros- destruyendo así una figura arcaica, que lo único que representa es el poder absolutista que ha encarnado siempre.
El 'caso Nóos' ha abierto una brecha por la que ha empezado a desangrarse una institución, que debía por lo menos mantenerse en un plano de colaboración ajena a estos asuntos, que solo, y gracias a ciertos medios de comunicación podemos enterarnos de la magnitud que pueden llegar a alcanzar.
Que ante una española más, a la que se le presupone una implicación directa con esta trama de corrupción no se le aplique la ley, ni caiga sobre ella la justicia tal y como se ha hecho en otros casos similares, es un síntoma de que “el zorro pierde pelo pero no las mañas”. Lamentable es ver como la justicia es implacable con quienes cometen un delito dependiendo en que estamento social se encuentren, y con la sangre azul continúe presuntamente haciendo excepciones.
El juez del 'caso Nóos', José Castro, pidió a la Agencia Tributaria un informe acerca de la evolución del patrimonio de la infanta Cristina para poder evaluar su vínculo con el caso de corrupción en el que está metido su marido, algo que ha destapado un chanchullo más, en el que el papel del máximo responsable de este organismo, el señor Montoro, no da ninguna explicación de momento. Y deberían de aclarar ya, como notarios y registradores de la propiedad pueden cometer el mismo error vinculando, según Hacienda, el nombre de la infanta en operaciones de venta distintas, en Barcelona, Ciudad Real y Alicante.
Por lo visto, según Hacienda, la infanta ingresó un total de 1,43 millones de euros con la venta de varias fincas en distintos puntos del país, algo que ya ha sido desmentido por la Casa Real. ¿Entonces? Cómo ante tal grave equivocación en un caso en el que la jefatura del Estado está en cuestión, nadie hace lo que debería de hacer? Por lo visto, los datos se dieron sin contrastar la información, justificando en un comunicado que ante el volumen de información que maneja Hacienda hubo un error en el DNI de la Infanta, documento nacional de identidad que en su caso consta de dos dígitos... Nada queda claro.
Dar explicaciones ante el Congreso por tal turbio asunto debería de ser una prioridad para aclarar cómo funciona uno de los miembros de una casa real que pagamos todos, que viven de nuestros impuestos y que mantenemos día a día.
Tenemos que dudar a la fuerza de la Agencia Tributaria que pudiera presuntamente dar un trato de favor a algunas personalidades de este país? El juez Castro, instructor del 'caso Nóos', ha solicitado los registros de las provincias en las que se efectuaron las ventas de las fincas para contrastarlos con los de la Agencia Tributaria. De cualquier forma de lo que más somos conscientes es de que la justicia y Hacienda no parecen igual para todos.
