¿Ha permitido Rajoy que sea Puigdemont quien le arroje sobre la mesa el artículo 155?

De la perplejidad a la indignación, y no con los secesionistas, con sus cómplices y con esa tropa antisistema que persigue con métodos absolutistas la quiebra del régimen democrático nacido en 1978; no, esos producen desprecio y grave preocupación por las mentiras que difunden y el daño añadido que causan a un país huérfano de líderes plausibles y a una ciudadanía ya de por sí distanciada de una clase política marcada por la corrupción. 

Indigna la actitud pusilánime del Gobierno de Rajoy, su falta de coraje para restablecer el orden constitucional, como reclamó oportunamente el Rey, hace ya dieciséis días, y para defender la Constitución frente a los que la violan, vulneran su propio Estatuto de autonomía y conducen a Cataluña a la confrontación, a la división interna y a la pobreza. La fuga constante de empresas y la indefensión que siente esa otra parte de la ciudadanía catalana contraria al independentismo no solo es responsabilidad de las autoridades de la Generalitat, es también del Gobierno de la Nación que, en connivencia con un PSOE otrora laudable y hoy raído y desnortado, consiente agravios que atentan contra los cimientos del Estado de Derecho. 

Mariano Rajoy, atendiendo a razones que resultan más que extrañas y que llegados aquí provocan cualquier sospecha insólita, no solo ha cedido la iniciativa a Puigdemont sino que le ha brindado la posibilidad del indulto si disfraza (de forma provisional) la declaración de independencia y convoca elecciones autonómicas. Resulta delirante que el jefe del Ejecutivo ofrezca soslayar la acción de la justicia y aún reconozca autoridad institucional a quien ha cometido y comete tamaña felonía contra la coexistencia y la integridad del Estado. Rajoy, tras consultar a los infiernos, ha aplazado la aplicación de la Ley y ha propiciado el humillante espectáculo de que sea el presidente de la Generalitat quien le arroje sobre la mesa el artículo 155.

En los despachos del poder existen a veces motivos justificados que a los demás se nos escapan –en mi larga trayectoria he podido conocer alguno de ellos–, pero el oscurantismo y la supuesta improvisación con que actúa La Moncloa en este conflicto de tan extrema gravedad producen un profundo recelo hacia quien está obligado al juramento que hizo en su toma de posesión. Como decía Séneca, en los peores momentos conviene tomar un camino atrevido. 

Y es preciso también denunciar, y exiliar de la vida pública a través de las urnas, a los que, atragantados de malsana ambición y ataviados de un falso progresismo, excusan la ilegalidad, vocean sórdidas propuestas de diálogo, y llaman fascistas –¡nada menos que fascistas!– a los que defendemos la Constitución que nos hizo libres y mejores. La Constitución no es monolítica, se puede y debe cambiar en lo que sea realmente necesario, pero nunca a manos de los que solo pretenden destruirla.