¿Qué ha ocurrido con el proceso de exhumación de Franco?
Según el documento donde el Ejecutivo explica sus argumentos jurídicos, enterrar a Franco en La Almudena supondría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad”.
El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en el enrevesado proceso para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Este viernes el Ejecutivo tiene previsto aprobar la orden de exhumación y dar un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señale el lugar donde desea que sea inhumado, advirtiéndole que no puede ser, como llegaron a pedir, en la catedral de La Almudena y con honores militares.
Según el documento donde el Ejecutivo explica sus argumentos jurídicos, enterrar a Franco en La Almudena supondría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad”. El Gobierno quiere evitar que la nueva tumba del dictador se convierta en un lugar de “exaltación” del franquismo. El informe de la Abogacía del Estado establece que la familia no puede oponerse, porque se trata de una “tumba pública” y que la autorización de la Iglesia se circunscribe a la inviolabilidad de un templo, es decir, el acceso a la basílica, algo que, en cualquier caso, no pueden negarles, afirman, al tratarse de cumplir con una resolución legal, recoge El País.
El PP acusó este lunes a Pedro Sánchez de “estar obsesionado con Franco”. “Cada vez que el Gobierno está en apuros vuelve su mirada al pasado para intentar confrontar a los españoles”, declaró la vicesecretaria de comunicación popular, Marta González.
El Gobierno recuerda que en mayo de 2017 el Parlamento aprobó una proposición no de ley para trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que el pasado 13 de septiembre, con solo dos votos en contra —los de dos diputados del PP que dijeron haberse equivocado— fue convalidado en el Congreso el real decreto ley para exhumar al dictador y convertir el mausoleo en un monumento de memoria y reconciliación.
El albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, tiene preparado el recurso que presentará en el Tribunal Supremo contra la decisión de la exhumación, pero no cuándo lo registrará. Tiene dos meses de plazo y en ese tiempo podrían hasta convocarse elecciones generales y cambiar el signo del Gobierno. Lo que sí hará la semana que viene es tramitar un escrito advirtiendo al Ejecutivo de sus intenciones y de que pedirá la suspensión cautelar de cualquier medida relacionada con la exhumación del dictador, incluido el posible plazo de 15 días para elegir otro lugar para la reinhumación. Y rechaza renunciar a la alternativa de ubicar los restos si al final son inhumados en la cripta familiar de la catedral de La Almudena, como pretende el Gobierno alegando razones de seguridad. @mundiario