La Guerra Civil (1936-1939) sigue teniendo peso en la actual política española
La pasada semana el Congreso ha aprobado por mayoría la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades del franquismo que hubiesen cometido actos contrarios a los Derechos Humanos. El debate traía causa del fallecimiento de un conocido policía acusado de torturas, quien era poseedor de una medalla con derecho a la mejora de su pensión. Y sobre todo formaba parte de los acuerdos de Gobierno suscritos entre el PSOE y UP. La iniciativa fue rebajada a proposición no de ley, menos comprometedora para el Gobierno.
El debate fue, una vez más, un recuerdo de hechos trágicos con poca altura de miras. Solo el representante de Ciudadanos introdujo otras consideraciones de mayor interés. Como anécdota, un diputado del PP rompió la disciplina de voto, haciéndolo en contra mientras su grupo se abstenía. El diputado es hijo de Adolfo Suárez, sintiéndose vinculado a la labor del ex-Presidente a favor de la reconciliación, cuyo ejemplo más rotundo fue la Ley de Amnistía.
Cabe recordar que el hoy reconocido Presidente Suárez, durante su mandato fue objeto de la mayor campaña de acoso y desprestigio que haya soportado ninguno de sus sucesores, a cargo de los unos y los otros. No se le perdonaban ni su pasado, como último jefe del partido único del franquismo, ni la asunción de las demandas de la oposición: libertad, amnistía y estatutos de autonomía, según el lema entonces coreado. El prestigio que hoy se le reconoce mayoritariamente se debe al éxito de su actuación, pero en su momento fue abandonado por sus correligionarios, se vio forzado a dimitir y un mes más tarde tuvo lugar el único golpe de Estado posfranquista. Así era el ambiente de la época.
El Partido Socialista ha anunciado una revisión de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada durante el mandato del Presidente Zapatero, con el objetivo, entre otros, de agilizar las inhumaciones de los muchos asesinados durante el conflicto que yacen todavía en cunetas o fosas comunes, algo que han demandado un Grupo de Trabajo de la ONU así como muchos historiadores. Para Unidas Podemos que ha moderado sus críticas al régimen constitucional y a la Transición Democrática desde que forma parte del Ejecutivo, se trata de revisar las instituciones creadas en 1978.
A diferencia de las Guerras Mundiales, que han permitido establecer en distintos países lugares conmemorativos o centros de interpretación, la Guerra Civil española no ha permitido hasta ahora nada parecido. Por el contrario, continúa siendo arma arrojadiza en el debate político pese a los 80 años transcurridos y a la ingente bibliografía existente. En los últimos años la historiografía comienza a ofrecer visiones más matizadas tanto del conflicto como de los convulsos años previos pero todavía no son generalmente aceptadas. Así se explica que el proyecto de crear un Centro de Memoria en el Valle de los Caídos nunca haya pasado del papel.
La amnistía también es cuestionada en algunos medios. Aprobada en 1977 tras otras normas parciales, no solo dejó sin efecto los delitos anteriores sino que reincorporó a los funcionarios que habían sido separados del servicio e igualmente dejó sin efecto sanciones laborales y administrativas. Fueron amnistiados tanto funcionarios como el que ahora atrae la atención parlamentaria como cientos de presos por terrorismo, incluidos los que tenían delitos de sangre. Entendieron las Cortes de aquel momento que era imposible iniciar una nueva etapa democrática sin clausurar, que no olvidar, la represión de la dictadura mediante el único recurso posible, amnistiar todas las conductas sin distinción de grado o matiz.
No fue el pacto del olvido, sino el de la memoria, unido a la voluntad de no reiterar errores del pasado para construir una nueva convivencia. De esto en el Congreso se ha escuchado poco. Como si la apelación a la Memoria eximiese de conocer la Historia. Dicen los expertos que mientras la Historia es una disciplina académica, la Memoria es una construcción ideológica. @mundiario
