La Guardia Civil conecta a Cristina Cifuentes con la financiación irregular del PP

Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid. / Twitter
Cristina Cifuentes, presidenta de Madrid. / Twitter

Los investigadores aseguran tener pruebas suficientes contra la presidenta de Madrid para demandarla por los delitos de prevaricación continuada y cohecho por haber concedido contratos a un empresario para la Asamblea de Madrid.

La Guardia Civil conecta a Cristina Cifuentes con la financiación irregular del PP

El nombre de Cristina Cifuentes ha aparecido finalmente en los sumarios del caso Púnica. Puntualmente, estos informes vinculan a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el caso de financiación irregular del Partido Popular en la capital. La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y Arturo Fernández, empresario hotelero, se hizo con varios contratos para el suministro y servicio a esa cámara.

Al mismo tiempo, Fernández habría dado dinero a Fundescam que luego fue usado para cubrir los gastos de las campañas del partido conservador. Para cerrar el círculo de acusaciones, la Guardia Civil avisa que Cifuentes integraba el comité de campaña de la agrupación.

"Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -al momento en que se hicieron las donaciones de dinero-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones", reza una parte del informe hecho por la UCO, citado por varios medios esta mañana.

En otro informe, siempre sobre el mismo caso, la Guardia Civil detalla que la Fundescam, una fundación a nombre del PP, recibía en una cuenta corriente "importantes cantidades de dinero" de varios empresarios desde 2007. Dichas sumas se usaron posteriormente para cubrir "gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".

En aquellos contratos otorgados a Arturo Fernández "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca", agregan los documentos.

La Guardia Civil explica que cuenta con material suficiente contra Cifuentes y otros integrantres del comité de expertos que se encargaba de conceder estos contrados como para llevarlos a juicio por los delitos de prevaricación continuada y cohecho.

En cuanto a la funcionaria, la Guardia Civil considera que ella juntó su papel con este comité con el que ejercía como integrante del comité de campaña electoral de su partido. Esto, agregan los investigadores, es algo totalmente opuesto " a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".

Cifuentes está "sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid", recuerda la Guardia Civil. Eso representa que si Eloy Velasco atiende a los "elementos probatorios" que presenten los investigadores, su carpeta iría directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que le corresponde la jurisdicción en este tipo de casos.

Dos horas antes de que se hicieran públicos estos informes, Cifuentes perdía a uno de sus hombres de confianza: Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Medio Ambiente que renunció luego de que investigadores realizaran un registro en su oficina como parte de las investigaciones por el caso Púnica.

Favores

Otro sumario de la Guardia Civil explica hubo "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" al Grupo Cantoblanco, propiedad de Fernández, precisamente.

La UCO acusa a Cifuentes y a los otros miembros del comité de proceder con "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos". Dichas conductas incluyen haber inflado de puntos la oferta de Fernández a fin de darle espacio de sobra al momento que se compitiera en la valoración económica, en la que el comité no tenía jurisidicción.

Isaac Arturo Zubiri, uno de los expertos de este comité, mintió deliberadamente en la asignación de puntos pues no tomó en cuenta la oferta presentada por otra compañía que competía por el servicio de cafetería. Zubiri se defendió diciendo de que no había recibido ninguna documentación, lo cual fue catalogado como algo falso por parte de los investigadores.

Estas conductas eran bien conocidas por todos los miembros de este comité de expertos. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", cierra la UCO.

El PP en crisis

Este nuevo escándalo solo suma más a la caótica situación del partido conservador en la capital. El arresto de Ignacio González a mediados de abril por su implicación en la Operación Lezo abrió la caja de Pandora que tiene hundido al partido.

Posterior a la detención de González, llegó la renuncia de Esperanza Aguirre. Aguirre acusó al expresidente de Madrid, uno de sus hombres más cercanos y de mayor confianza, de haberla traicionado. Con ella eran ya dos rostros visibles del partido que caían en menos de una semana.

Los partidos de la oposición en la capital preparan una rebelión que podría hacer rodar la cabeza de Cifuentes. Esta acusación de la Guardia Civil podría haber sido la firma de sentencia contra la funcionaria.

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