Los grandes partidos españoles se preparan para verse las caras en las elecciones

Convención del PP en Valencia.
Palacio del Senado. El debate sobre descentralización de instituciones es recurrente

Las primeras incertidumbres sobre el crecimiento o la inflación no son consideradas en un debate político tan enfangando que la Presidenta de las Cortes ha llamado al orden.

Los grandes partidos españoles se preparan para verse las caras en las elecciones

El Partido Popular ha dedicado una semana a transmitir imagen de unidad entre sus dirigentes territoriales, de solidez programática y de diferenciación ante su competidor Vox. Subliminalmente se ha dado por amortizado a Ciudadanos. La próxima semana el PSOE hará lo propio en un Congreso que además renovará las estructuras directivas. Que ambos eventos finalicen en Valencia da idea de la importancia que esa Comunidad tendrá en los futuros comicios, no sólo para las dos formaciones citadas sino también para Compromís, la organización territorial que hace posible el actual gobierno de izquierdas en el antiguo Reino de Valencia.

Los grandes partidos inician así el movimiento hacia las elecciones territoriales y generales de 2023. Paralelamente, una miríada de movimientos sociales intenta construir una plataforma electoral similar a lo que ha sido Teruel existe, con la pretensión de obtener un escaño en algunas de las provincias más despobladas pero que aportan un número considerable de escaños a Cortes. Es difícil que el intento fragüe pero ha alertado a las direcciones de los partidos sobre un riesgo plausible. Una de las respuestas, poco meditada, ha sido reabrir el debate sobre el traslado de organismos de la Administración estatal al territorio. Además de las dificultades intrínsecas, es inverosímil que el movimiento de unas pocas decenas de funcionarios altere significativamente la dinámica territorial, económica o demográfica, mientras que su valor simbólico es mínimo. A fin de cuentas las Comunidades Autónomas han repetido en su respectivo territorio la misma dinámica de concentración de instituciones.

Los citados intentos voluntaristas, que no suelen pasar de enunciados sin desarrollo, olvidan la realidad económica. Primero el tránsito de una economía de base agraria a una economía de servicios y luego el fenómeno de la urbanización, acelerada en todos los continentes, como consecuencia de las mayores oportunidades que brinda. Urbanización que es además difusa, de forma que una extensa corona de pequeños o medianos asentamientos rodea el núcleo central urbano. La extensión de servicios de comunicaciones, digitales, sanitarios o educativos permite el crecimiento de esa corona o hinterland.

Presupuestos, prioridad

En el ámbito político la prioridad radica ahora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para lo que el Gobierno ha iniciado negociaciones con sus socios de coalición. Fructificarán, inevitablemente, a falta de concretar los compromisos exigidos por cada interlocutor para dar su voto favorable, que nunca serán inabordables por la necesidad de sostener al Gobierno. El problema real de los futuros Presupuestos reside en las expectativas económicas que están mutando a una mayor dificultad: el precio de la energía y su influencia en el IPC que deberá trasladarse a la actualización de pensiones y salarios de los funcionarios pero que asimismo repercutirá en el coste de productos y servicios. El sorprendente dato del INE, corrigiendo a la baja las expectativas de crecimiento, ha añadido incertidumbre. La adición de inflación y ralentización sería un escenario preocupante para la economía española, todavía con una elevada tasa de paro. En el lado positivo, el efecto expansivo de los fondos europeos debería reequilibrar la economía y acelerar el crecimiento.

La convención popular ha pasado por alto los problemas citados. En el debate político diario tampoco están muy presentes. La burbuja en la que se desarrolla la vida política, cada día más alejada de la vida real, sólo permite el ataque simplista y descarnado, tanto que la Presidenta de las Cortes ha debido hacer un llamamiento al orden tras episodios lamentables. No parece que su recriminación vaya a surtir efectos duraderos en ausencia de un pacto entre las fuerzas políticas, hoy absolutamente inviable.

En ese contexto el Gobierno ha trasladado a Bruselas la necesidad de revisar el mecanismo de precios de la energía. Sabemos que las tensiones sobre el precio del gas, determinante en el precio final, durarán hasta la primavera al menos. También que la regulación de los derechos de emisión de CO2 ha devenido en un mercado especulativo. Es previsible que sean adoptadas decisiones que frenen o reviertan la actual crisis de precios, además de las decisiones específicas que sobre el mercado español ya han sido adoptadas por el Gobierno. Así, las próximas semanas tendrán un contenido eminentemente económico. @mundiario 

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