Los grandes partidos dinásticos aparcan la pendiente Ley de la Corona

Cuando en 2013 se planteó a necesidad de dotar a la Corona de un Estatuto o una Ley específica que delimitara aspectos controvertidos sobre determinados actos privados del Rey y su familia, los principales partidos dinásticos, PSOE y PP dijeron lo mismo que ahora acaban de repetir sus portavoces. “Que no era el momento y que era un asunto a tratar con calma”. Ni los acontecimientos posteriores a la abdicación del rey honorífico, sino su apresurado aforamiento, ni los actos controvertidos hasta nuestros días, parecen haber urgido afrontarlo. Fue el propio Rey Felipe VI, quien, al distanciarse de su padre, proclamar un código ético de la monarquía, anunciar que renunciaría a la herencia o a todo beneficio de las fundaciones en el extranjero y retirarle funciones y sueldo, el único que realmente tomó alguna iniciativa.

El no acometer, al menos por ahora, y sin horizonte posible a la vista, La Ley de la Corona es uno de los puntos de vista en que PSOE y PP están de completo acuerdo. Ya entrando en detalle, las posturas se enmascaran en la confusión. El PSOE que no ha dejado de declararse republicano (a veces mediante retorcidas vueltas al lenguaje como en la época de Rubalcaba que afirmaba y negaba en una misma frase su republicanismo) teóricamente sería partidario, pero sin concretar mucho, de recortar la inviolabilidad del rey o, dicho de otro modo, el alcance de sus actos privados como ciudadano. El PP se contenta con modernización formal de algunos aspectos de la monarquía, en tanto que Podemos quiere ir mucho más allá y limitar la propia capacidad del monarca de opinar libremente sobre determinados temas, aparte de someterlo a una intervención directa del Congreso en la mayoría de sus actos, dentro de su hoja de ruta republicana.

El PSOE es un firme apoyo de la Corona. / RR SS.

Pedro Sánchez deja en manos de la Zarzuela su propia modernización, pero si agobiar a Felipe VI ni permitir que el Congreso de los Diputados ejerza forma alguna de control sobre la Corona, postura que coincide con el PP. El teórico ajuste del PSOE pretende una imposible equidistancia.  Pero sin duda, la Ley de la Corona no se afronta como una meta inmediata por las repercusiones y consecuencias de inevitable alcance sobre la propia institución, asunto alrededor del que se agrupan como muralla PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

Tiempo muerto indefinido

Estamos en una especie de prudencial tiempo muerto sobre el futuro de la Corona, como si el debate que existe no aflorara al exterior, sino que fuera subterráneo, salvo en algunos sectores del propio PSOE como la corriente de Izquierda Socialista. En diciembre pasado, con su especial habilidad para no decir nada, aparentando que dice algo, Sánchez se manifestó por entenderse poco a poco con la Zarzuela e ir “paso a paso” profundizando en la transparencia que se impusiera a sí mismo el Rey.

Pero no se puede ocultar que, antes incluso de la abdicación de Juan Carlos I y de se produjera el episodio de Botswana y todos los que siguieron, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional, habían venido sugiriendo la conveniencia de redactar un “Estatuto de la Familia Real” o una más ambiciosa “Ley de la Corona”, de modo que se hubieran delimitado en debida forma el marco legal dentro del cual los miembros de dicha familia pueden desenvolverse y que tantos problemas habría evitado a ellos mismos, a la institución y al país. Pero una “Ley de la Corona” va más allá, en la medida que regulara los límites a los propios actos privados del Rey.

Dolores de Cospedal, por parte del Gobierno del PP, y Elena Valenciano, del PSOE, vinieron a decir lo mismo y con idénticas palabras, que era un asunto que requería “calma, tranquilidad, ser abordado en el momento oportuno, actuar con prudencia, no dejarse influir por las noticias del momento”. Con toda precisión el PSOE insistía en que era preciso “modernizar la monarquía”, pero en el momento adecuado. Pero cuando el PSOE sustituyó al PP en el Gobierno las cosas siguieron como estaban. Dicho de otro modo, el PSOE nunca consideró que se trataba de un asunto prioritario. No parece que esa postura se haya modificado.

Una Ley Orgánica

¿Qué naturaleza debería tener la Ley de la Corona? ¿Acaso una Ley Orgánica más? Pero en todo caso, es cierto que sus efectos pueden afectar seriamente a la Corona, y que, aparte de un amplio consenso, no parece que se pueda abordar si una amplia discusión. Hoy en día, aparte de que el PSOE y el PP coincidan en lo esencial, la presencia de Podemos, Vox y Ciudadanos, ERC y el PNV plantea un debate complejo. Y en cuanto al PP ya ni siquiera mantiene la postura de Cospedal, de retrasar, pero no eludir, el debate de una Ley de la Corona, que el actual PP no cree necesaria, según ha manifestado su experto en la asuntos constitucionales el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, quien rechaza la necesidad de una que se apruebe esa ley, y sólo pasarían por retocar alguno de los 10 artículos del título II de la Constitución sobre la institución monárquica, pero para fortalecerla, sin discutir la inviolabilidad del monarca.

La Ley de la Corona tendría que ser una Ley Orgánica. / Mundiario.

El profesor Jorge de Esteban, reputado constitucionalista, y uno de los más caracterizados defensores de que es precisa una Ley de la Corona, advertía que “Suponiendo que hubiera estado vigente desde hace años una Ley Orgánica de desarrollo del Título II de la Constitución, la llamada Ley de la Corona, es muy probable que el futuro de la monarquía estuviese ahora más despejado”. Y eso que cuando dijo esto todavía apenas empezaban los actos controvertidos de Juan Carlos I. Decía el profesor Esteban que “es necesario prever todos los aspectos que pueden adoptar las funciones que atribuye la Constitución a la Corona porque van dirigidas a mostrar la ejemplaridad de esta institución, de acuerdo con la ética y costumbres del momento. De este modo, podemos establecer siete cuestiones que debería regular la Ley Orgánica citada”.

Y en ese sentido, concretaba que aspectos debería concretar dicha ley: Ante todo, la transparencia de la Corona, lo que en otras monarquías se denomina 'Lista civil', es decir, lo referente al presupuesto detallado que atribuyen los presupuestos generales al Rey y que, por otra parte, esta transparencia debe afectar igualmente a la vida privada del Rey. “Ahora bien, con esto, no pretendo afirmar que el Rey no tenga derecho a una vida privada, sino que, por las necesidades de su cargo, se encuentra muy condicionada por la necesidad de no perjudicar a la dignidad de la Corona. Todo exceso en la vida privada del Rey tiene inmediata repercusión en el propio Estado y de ahí la cautela que debe tener el Rey en este terreno”.

Los viajes del Rey

En segundo lugar, “Se debe establecer también la necesidad de que el presidente del Gobierno autorice, o se le comunique previamente, los viajes privados del Rey, a los que, evidentemente, tiene derecho. Pero no puede ocurrir, como ha sucedido en algunas ocasiones, que nadie sepa dónde se encuentra el monarca” (cosa frecuente durante el reinado de Juan Carlos I).  Dicha Ley debería regular las funciones del heredero de modo claro. Otra cuestión que pudo aquí producirse en el caso del Juan Carlo, se deberían contemplar las consecuencias que podría comportar la petición del divorcio por parte del Rey o de la Reina. Se debería también regularse la diferencia entre la Familia Real y la familia del Rey, puesto que no es lo mismo, hoy formalmente aclarada por el propio Felipe VI. Pero para el profesor Esteban era preciso –como luego hizo Felipe VI con el Código ético--- sobre incompatibilidades de miembros de la familia real y regalos. Y otras cuestiones a considerar se referían a la regulación de la abdicación.

La doctrina moderna sobre el asunto señala que la inviolabilidad del Rey no puede ser ampliada a las demandas que para nada afectan a los actos propios del Jefe del Estado, sino a su actuación como ciudadano que debe respetar la ley como los demás. En ese sentido, la profesora Rosa Serra concluye “Se puede aceptar que nuestra Constitución establezca que la persona del Rey es inviolable como una fórmula histórica, pero a nadie escapa que tal prerrogativa resulta un tanto anacrónica. Efectivamente, el que una hipotética actuación delictiva por parte del Rey no pueda ser perseguida no deja de contradecirse con la esencia del Estado de Derecho”.

Y como dijo el clásico “el que hace la Ley (en este caso la firma) debe ser el primero en cumplirla”. Ese es el asunto. @mundiario