El Govern avalaría las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas
Una nueva controversia ocurre en Cataluña. El Gobierno evalúa hacerse cargo de los 5,4 millones impuesto por el Tribunal de Cuentas contra los 34 ex altos cargos de la Generalitat por la promoción exterior del proyecto independentista en 2014.
El organismo fiscalizador ha concedido a los investigados, entre los que figuran los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, dos semanas para afrontar esa cantidad. El plazo expira el día 21. Si no lo hacen, comenzarán los embargos de las propiedades de los acusados.
Elsa Artadi, portavoz de Junts, ha sostenido que la ejecutiva de su partido ha hecho una reflexión y por eso pidió al Gobierno que debe dar “el paso político adelante, contundente y sin fisuras” para “proteger” a los 34 excargos y defender la institución.
Artadi ha expresado que tiene depositada toda su confianza en la Generalitat para que responda con la mejor fórmula. “Se trata de un aval, no de un pago. Estamos hablando de unas fianzas que se les exigen a unas personas antes de celebrar un juicio y que haya sentencias. Toda la confianza de que se materialice para evitar su ruina y embargo”, ha afirmado.
Artadi se ha mostrado partidaria de que la decisión final se apruebe en una reunión del Govern que debería celebrarse antes del día 21, cuando expira el plazo de las fianzas. “La fórmula debe ser lo máximo de concreta. La posición de Junts es firme; hace tiempo, meses, que trabaja en ella y esperemos que tire adelante”.
La vicepresidenta de la formación ha puesto el acento en que al grupo de 34 personas se le persigue por un plan de trabajo aprobado por el Gobierno catalán. “Siguieron unas instrucciones que eran legales”, ha recalcado la diputada. “No hay que dejar a nadie atrás. El Govern tiene que actuar en defensa de la institución”.
Por su parte, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC, avanzó que el Govern debe proteger a los servidores públicos bajo el “principio de indemnidad”. En tanto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, admitía el domingo en El Periódico que el apoyo a los investigados era una cuestión “difícil”.
Lo cierto es que esta medida no ha sido tomada con mucho agrado por el Tribunal de Cuentas, lo cual avizora que se viene un nuevo conflicto por este tema en los próximos días. Varios juristas sostienen que el Ejecutivo catalán puede incurrir en delitos de malversación y prevaricación. @mundiario
