El Govern aprueba un decreto para sortear la sentencia del 25 % de castellano

Pere Aragonès. / RR SS.
Pere Aragonès. / RR SS.

El Gobierno catalán ha aprobado de urgencia un decreto ley, que rechaza la aplicación de porcentajes de lenguas en la educación un día antes de que venza el plazo del TSJC.

El Govern aprueba un decreto para sortear la sentencia del 25 % de castellano

El Govern catalán ha tomado nuevas medidas para sortear la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordena que el castellano sea usado en al menos el 25 % de las clases impartidas en los centros educativos catalanes. A solo un día de que venza el plazo fijado por el alto tribunal, el Ejecutivo regional ha aprobado un decreto ley que rechaza que se cumpla el fallo.

En un Consejo Ejecutivo extraordinario celebrado este lunes, se ha aprobado un decreto ley que fija explícitamente la “inaplicación” de porcentajes en las lenguas de enseñanza en el sistema educativo regional, que reafirma el catalán como “lengua vehicular” y delega el castellano a la categoría de “lengua curricular”.

Pero la aprobación de este decreto ocurre un día antes de que expire el plazo fijado por el TSJC, para que el Govern comience a cumplir con la sentencia, que está pautado para el 1 de junio. En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha explicado que quieren “dar respuesta” a la sentencia y pretende superar “la judicialización” de la educación en España, más concretamente “proteger a las direcciones de los centros y al modelo de escuela catalana de las injerencias judiciales”.

El decreto será publicado con urgencia en el Boletín Oficial, entrará en vigor inmediatamente según lo explicado por la vocera catalana. “De manera de que este martes los centros educativos tendrán normas claras y cobertura clara”, asegura Plaja, sin embargo, dado que no queda mucho tiempo del actual curso, sus efectos comenzarán a sentirse a partir del que viene.

Rechazan los porcentajes en las lenguas de enseñanza

Como tal, el decreto es muy concreto al establecer que la predominancia de las lenguas de enseñanza no deba ser determinado por porcentajes, sino que sienta las bases para explicar “cómo se hace el proyecto lingüístico” de un centro educativo y es bastante firme al asegurar que la “columna vertebral” de las escuelas de la comunidad autónoma será el catalán.

Además, una vez las instituciones educativas reformen los proyectos que deben ser cambiados ahora por ley, si son públicos o concertados, será el Departamento de Educación el ente encargado de dar la validación final. Pero, en última instancia dependerá de la Conselleria de Educación, que asumirá “la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos”, una vez que las escuelas diseñen su plan adaptado a su “entrono sociológico y cultural”.

La nueva norma es una medida destinada a “dar respuesta” a la sentencia del Supremo catalán en materia de las lenguas de enseñanza. Se trata de una herramienta creada junto a la nueva ley del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales, que fue pactada la semana pasada entre el PSC, Junts, ERC y los comunes. Su aprobación está a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias le dé el visto bueno, a solicitud del PP, Ciudadanos y Vox.

PSC no apoya el nuevo decreto

No está claro si el dictamen del Consejo pueda llegar a tiempo para que sea aprobada la ley antes del fin del plazo. Respecto a esta nueva ley, ya PSC ha advertido de que no participará para sacarla adelante, a pesar de ser uno de los promotores del proyecto anterior, desmarcándose de los partidos soberanistas.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Alícia Romero, ha adelantado que sus diputados no apoyarán el decreto, porque no solo “no da cumplimiento” a la sentencia del TSJC, sino que también es una medida que “desafía a los tribunales” y que “no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos”, dado que no menciona en ningún momento el “uso curricular” del castellano.

En una línea similar se oposición se ha presentado el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, que ha anunciado que los naranjas llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias este decreto ley, como el pasado, porque a su juicio se está enfrente “otra treta para saltarse la sentencia” del 25 % de castellano. @mundiario

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