González gastó 117.394 euros para protegerse de intercepciones telefónicas

El teléfono móvil personal de Ignacio González fue el cofre del tesoro para la Guardia Civil. El dispositivo fue entregado por el mismo González a las autoridades justo a su entrada a la prisión de Soto del Real, donde está encerrado en una celda de preso común. De este aparato se extranjeron varios mensajes y se interceptaron varias llamadas, las cuales terminaron desmantelando una organización criminal descrita en el sumario de la Operación Lezo y en la que participaban su hermano Pablo, su cuñado y muchos directivos y empresarios públicos de su confianza.

Las intercepciones telefónicas incorporadas al caso revelaron que buscó a la desesperada formas para lavar el dinero de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, de acuerdo a los autos de los jueces, e igualmente se descubrió gracias a ella de que alguien había revelado a González mismo de que estaba siendo investigado.

El teléfono ha terminado siendo su guillotina, con todo y que tomó medidas suficientes para evitar su destino y el de quienes le acompañarán al banquillo de los acusados. Los tiroteos cruzados en el seno del PP de Madrid permitieron salir a la luz a varios casos de espionaje, los cuales todavía se encuentran en proceso de investigación en los tribunales. Las tropas de González están enfrentadas por las de Francisco Granados. Entre ambos se acusan de realizarse seguimientos y dosieres.

González creó un sistema de teléfonos prepago hace diez años, con el que forzaba a los consejeros del Gobierno a cambiar de teléfono semanalmente y demandaba que las comunicaciones con altos mandos fueran hechas exclusivamente con estos aparatos seguros. Muchos de los consejeros prefirieron mantenerse al margen de esta movida y guardaron sus dispositivos y nunca los usaron. Durante años, cada empleado cambiaba sus teléfonos dos veces al mes.

Los teléfonos entregados a sus nuevos propietarios incluía los números nuevos de sus demás compañeros de gabinete. Este sistema era organizado por personas afines a González mismo, quien había sido grabado durante un viaje más que sospechoso a Colombia. En aquella ocasión fue acompañado por Edmundo Rodríguez, quien es acusado actualmente de ser su testaferro. Rodríguez es nada menos que el hombre del Canal de Isabel II para América Latina.

Cuando González tomó el relevo de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, blindó todavía más el muro que le rodeaba y mediante la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), pagó 117.394 de euros en 2013 para encriptar los teléfonos. Esa cantidad fue pagada con fondos de las arcas públicas.

A fin de cubrir ese coste, la ICM, que en su momento contaba con presupuestos que ascendían a 200 millones de euros cada año y con controles de gasto más moderados que el Gobierno de la región, solicitó tres ofertas y terminó dando el contrato a Indra, su proveedor de confianza. Indra es una empresa también de las predilectas del PP y por tanto tiene a muchos de sus jefes en condición de imputados por la Operación Lezo y por el caso Púnica.

A fin de borrar su rastro, el expediente de contratación de los teléfonos encriptados fue declarado confidencial por Salvador Victoria, consejero de Presidencia y hombre fuerte en el Gobierno de González. El gasto siempre levantó sospechas por la reticencia de las autoridades a dar información sobre él.

Cuando Cristina Cifuentes fue elegida por Mariano Rajoy para correr por la Presidencia de Madrid en 2015, el Gobierno canceló el contrato que tenía con Indra. La justificación inicial y oficial fue de que el mercado ofrecía ya celulares que garantizarían las comunicaciones seguras entre funcionarios.

Cifuentes le relevó y González se dedicó al sector privada. Abrió un bufete de abogados en Madrid y facturó por varios artículos publicados en La Razón. Su nueva vida lo relajó y bajó la guardia en sus comunicaciones, algo que aprovechó la Guardia Civil. Cuando le informaron, ya era muy tarde.