Los Gobiernos de América Latina y su guerra contra los medios críticos

España despertó este lunes con un nuevo frente abierto entre política y medios de comunicación luego de que Podemos vetara el ingreso a cinco medios de comunicación a un evento en el que presentaría a sus nuevos portavoces. Lamentablemente, esta medida de censura no es nada nuevo en el panorama político. En América Latina, por ejemplo, son muchos los países cuyos Gobiernos no toleran la más mínima crítica y obligan a las válvulas informativas a cerrarse de una forma u otra.

Probablemente el país top of mind cuando se trata de censura forzada por el Gobierno es Venezuela. El régimen chavista se ha ido apoderando poco a poco de los medios de comunicación locales, aunque sea por medio de terceros. El ejemplo más claro es Globovisión, canal que cual fue adquirido por banqueros afines al régimen del entonces presidente Hugo Chávez. No fueron directamente los representantes del Ejecutivo quienes trazaron la compra, pero sí se notó la influencia de los mismos, pues la línea editorial cambió de forma súbita, pasando a darle cada vez más protagonismo al oficialismo y quitárselo a la oposición. A día de hoy, la cadena ya no oculta sus colores, pues todos aquellos periodistas que se han atrevido a criticar a Nicolás Maduro y sus huestes han sido corridos de sus puestos. La televisión abierta de Venezuela es hoy más cerrada que nunca.

Y, como buen alumno, Evo Morales ha imitado los movimientos de intolerancia a la crítica que hizo Chávez y luego siguió Maduro. "Antes sentía que el 80 o 90 por ciento de los medios eran mis opositores (...) ahora quedan 10 o 20 por ciento de -los medios de comunicación opositores", presumió Morales en su momento. Obviamente, eso no se trata de un cambio repentino de opinión por sus medidas o su ejercicio en el poder. Según el respetado periodista Raúl Peñaranda, Morales ideó un plan para manejar los medios de comunicación, el cual fue operado desde el inicio por Álvaro García Linera, quien es vicepresidente del país desde 2006.

De acuerdo al periodista, el despacho de García Linera tiene bajo su control a los medios La Razón, un periódico de tradición en el país, y los canales ATB, PAT, Full TV y Abya Yala. En un calco de lo hecho por el Palacio de Miraflores, el Gobierno boliviano encargó la adquisición de estos medios a banqueros y empresarios afines a sus ideales. "Eso afecta la democracia, porque reduce las posibilidades de fiscalización, desalienta la crítica y homogeneiza a la sociedad. Además, es una demostración de falta de transparencia", se queja Peñaranda en declaraciones recogidas por El Tiempo. Cabe mencionar que La Razón era propieda de Grupo Prisa -el mismo que El País- y hasta 2008 era uno de los más críticos con la administración de Morales.

Esta lacra se expandió también a Argentina, bajo el mandato de Néstor Kirchner. Las relaciones entre el entonces presidente y los medios de comunicación transitaron sin ninguna anomalía hasta 2008. Es más, el periodista Marcelo Birmajer describe los contactos como los "normales entre un gobierno democrático y un grupo de comunicación privado, e incluso amigables". Pero todo cambió cuando Cristina de Kirchner tomó el relevo de su esposo. El Gobierno de la nueva presidenta planeaba aumentar los millonarios impuestos a las exportaciones de granos, especialmente el de la soya, recuerda El Tiempo. Aquella iniciativa encendió a varios medios como Clarín, La Nación o el canal TN, que rápidamente hicieron piña para criticar las medidas propuestas por la nueva jefa de Estado. Las válvulas se pusieron del lado de asociaciones de agricultores y ganaderos, lo cual dinamitó las relaciones y el Ejecutivo optó por "una batería de acciones contra la prensa independiente en particular y la expresión disidente en general, que llega hasta nuestros días", recuerda Birmajer.

A la larga, el Senado rebotó la iniciativa, pero el daño ya estaba hecho. Kirchner empezó a encararse con varios medios de comunicación, como El Clarín. Este medio precisamente la retó por medio de un periodista quien le dijo de frente que tenía miedo de vivir "bajo monopolios mediáticos". Aquello fue una afrenta a la exmandataria. En 2011, peones del oficialismo impidieron la circulación y venta del mismo medio y de La Nación.

Posteriormente llegó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprobada en 2009 pero entrada en rigor hasta 2013, esta ley dictaminó que ningún grupo podía tener más de 10 licencias de medios de comunicación. Aquello fue un golpe indirecto a El Clarín, que tenía para entonces una docena. El odio del oficialismo llegó al punto que, según comenta el periodista Gaspar Ramírez, las huestes kirchneristas amenazaron y extorsionaron a dueños de supermercados para que retiraran los espacios publicitarios que dedicaban sus locales a los dos medios de comunicación que tantos dolores de cabeza dieron a su jefa.