El Gobierno ultima el traspaso del ingreso mínimo vital a Cataluña para el acuerdo con ERC
Las conversaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español se han intensificado, después de que el PSOE respaldara abiertamente la amnistía en su último comité federal. Las reuniones en Bruselas entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont marcan el preludio de la fase final de los acuerdos con partidos clave, incluyendo ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. A pesar de que la amnistía podría facilitar la investidura, los independentistas buscan garantías más allá de eso.
El objetivo de Pedro Sánchez es alcanzar un acuerdo de legislatura que brinde estabilidad en un Congreso sin mayoría progresista. En este contexto, se está ultimando el traspaso de competencias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Cataluña, como parte de los acuerdos entre el Gobierno central y la Generalitat.
Aunque el acuerdo está cerca de concretarse, no sería un paso completamente nuevo, ya que se acordó en la comisión bilateral en febrero del año pasado. Sin embargo, la culminación de este traspaso coincide con las negociaciones en curso para la investidura. Los independentistas catalanes, en particular ERC, advierten que su apoyo dependerá de otros factores clave, como la amnistía, avances hacia el referéndum, el fin del "déficit fiscal" y el traspaso de Rodalies.
El Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Carles Campuzano, anteriormente se había mostrado reticente a asumir una carga administrativa adicional al IMV. Sin embargo, fuentes informadas indican que el acuerdo se encuentra en una etapa avanzada y solo requiere algunos detalles para su presentación oficial.
A pesar de que el traspaso del IMV es una demanda que data de la tramitación de la ley en 2021, los independentistas de ERC subrayan que su respaldo a Pedro Sánchez depende de otras cuestiones prioritarias. La gestión del IMV se considera una "carpeta cero", una señal de que el PSOE está cumpliendo con acuerdos previos como gesto de confianza en las negociaciones futuras.
El IMV, aprobado en el Congreso en diciembre de 2021, tiene como objetivo ayudar a luchar contra la pobreza estructural. La proporción de catalanes bajo el umbral de pobreza alcanzó el 16.2% en mayo de 2023. La gestión de esta prestación es un tema que ha influido en las negociaciones políticas, ya que el PNV condicionó su apoyo a las cuentas al traspaso de competencias, mientras que Navarra ya asumió la gestión del IMV el año pasado.
La Generalitat incluso recurrió al Tribunal Constitucional, que finalmente rechazó la petición, argumentando que el IMV es una competencia estatal. Sin embargo, la disposición cuarta de la ley permite acuerdos entre administraciones para la gestión de esta prestación por parte de las comunidades autónomas. @mundiario