El Gobierno puede bajar la luz con otras energías, menos peajes y menos impuestos

La última gran transformación del sector eléctrico español data de 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, del PP. España pasó ese año de una especie de monopolios en distintas comunidades, producto de estructuras verticales en sus empresas, a una progresiva liberalización, que dio lugar a un mercado organizado de negociación de la energía, con menor intervención pública, y la apertura de las redes a terceros.

La siguiente reforma la hizo otro gobierno del PP, esta vez bajo la presidencia de Mariano Rajoy, en 2013. Se mantuvo la distinción entre las actividades reguladas y las no reguladas, pero se impulsó la competencia de las comercializadoras y se mejoró la información al consumidor, al que se facilitó el cambio de suministrador.

En la práctica, la liberalización no es total y la intervención pública, tampoco. Es un modelo mixto, no siempre eficiente, con distintas modalidades para una cadena del suministro que comprende la generación de la energía eléctrica, el transporte, la distribución y la comercialización. La prueba es que los precios de la luz son cualquier cosa menos baratos y estables.

La liberalización es parcial en la medida en que dos de los tres grandes tramos del precio final son peajes por las redes de transporte y distribución, primas de las renovables, amortizaciones del déficit, etc. y tasas e impuestos.  Solo queda sin regular el coste de la energía.

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En el mejor de los casos, la competencia se reduce a la generación y la comercialización, ya que la distribución y el transporte es un monopolio propiedad en un 99 % de la empresa pública Red Eléctrica, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). 

Como resultado de todo ello, los consumidores pagan un 35% por el coste de la energía, un 40% por los costes regulados –peajes de acceso– y un 25% por impuestos.

En ese 35% del coste de la energía incide de manera decisiva el precio de la última energía que entra en la red, que cuando hay nevadas, como ahora, o sequías, no es renovable, la más barata, sino justo lo contrario. Eso es así porque en condiciones adversas las renovables producen menos –hay menos sol, menos viento– y el sistema tira de las energías más caras, que disparan los precios, con el agravante actual de que el gas natural –importado– se ha apreciado mucho. 

Solo si las energías baratas –la nuclear y las renovables– fuesen suficientes para hacer frente a una demanda en aumento sería posible contener los precios, pero no es el caso cuando las que entran son las energías generadas en centrales de ciclo combinado o de carbón.

Los datos que reflejan esta situación están a la vista. Según la organización Facua-Consumidores en Acción, el precio de la luz aumentó un 27% en este arranque del año 2021, situándose en 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo en enero de 2020.

Esta crítica situación se da cuando el Gobierno venia de anunciar una bajada del precio de la luz. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sostiene que con las medidas que está adoptando el Ejecutivo, “va a bajar el precio de la luz en España y se va a equiparar al resto de los países europeos”. Se supone que será a medio plazo, en el mejor de los casos, cuando culmine la aplicación de diversas medidas ya aprobadas. @J_L_Gomez

Teresa Ribera. / Mundiario

Las medidas en marcha

¿En qué se basa el Gobierno para decir que la luz bajará cuando vemos que sube como la espuma? Sus principales argumentos son el real decreto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y el anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Estas dos medidas, junto con la subasta de renovables, cuya convocatoria ya fue publicada, se cree que contribuirán a abaratar la factura de la luz para consumidores y empresas.

¿Qué se pretende con el llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico? Uno de sus objetivos es redistribuir uno de los costes fijos de la factura de la luz, en la parte regulada de los peajes. Ahí hay una partida destinada a financiar las energías renovables instaladas años atrás, que pagan los consumidores en sus facturas, y ahora se pretende que ese pago lo afronten las empresas suministradoras de todo tipo de energías. Pero cuesta creer que no intenten repercutirlo. La ministra Teresa Ribera deberá estar atenta. @mundiario

Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. / Mundiario

–––––– PROTAGONISTAS ––––––

> Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.- Muy crítico con el Gobierno de Rajoy, cuando estaba en la Oposición, por la subida de la luz, el ahora presidente carece de discurso para explicar lo que tanto cuestionaba. El cajón de sastre de los costes regulados y la fiscalidad siguen estando ahí.

> Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.- Si Sánchez era crítico con Rajoy por el precio de la luz, el líder de Podemos aún más; en su caso con un discurso populista, similar al de Alberto Garzón, que ahora se les vuelve en contra. Hay asuntos económicos que admiten reformas pero no demagogia.

> Pablo Casado, líder de la Oposición.- Lo fácil es que le eche en cara a Sánchez e Iglesias sus contradicciones ante el precio de la luz. Pero lo inteligente sería que, siguiendo los pasos de Aznar y Rajoy, brindase una alternativa liberalizadora capaz de garantizar la rebaja de los precios.

> Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.- La vicepresidenta cuarta, ante su comparecencia parlamentaria sobre la subida de la luz, exigida por el PP, no debería hacerse de rogar si quiere hacer creíble su discurso buenista de una transición energética justa, capaz de no dejar a nadie atrás. @mundiario