¿Por qué el Gobierno prohíbe la inhumación de Franco en La Almudena?

Un informe de 12 páginas de la delegación de Gobierno de Madrid concluye que los restos del dictador Francisco Franco no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado.

Según indica El País, este texto servirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez para rechazar la pretensión de la familia apelando al bien superior de la defensa de los derechos de los demás ciudadanos que circulan por la zona. El expediente está listo para las alegaciones finales de la familia y la decisión del Consejo de Ministros.

El Gobierno lleva desde el pasado julio adaptándose paso a paso a los movimientos de la familia Franco que, asesorada por abogados del máximo nivel, ha ido buscando la manera de complicar al máximo una de las decisiones con más impacto internacional del presidente Pedro Sánchez. Cuando comprobó que no podrían evitar la exhumación, la familia Franco buscó otra manera de complicarle la vida al Ejecutivo al reclamar que la inhumación se produzca en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno de centro de Madrid, donde los Franco tienen comprado un espacio y está enterrada Carmen, la hija del dictador.

Después de las dudas iniciales, el Gobierno decidió que bajo ningún concepto se enterraría allí, algo que sería inédito porque ningún dictador europeo reposa en una catedral. La vicepresidenta, Carmen Calvo, viajó incluso a Roma para tratar el asunto en el Vaticano con Pietro Parolin, mano derecha del Papa, y promovió una reforma de la Ley de Memoria Histórica para impedir que los restos vayan a La Almudena. Pero el PP y Ciudadanos han bloqueado la tramitación de esa reforma, así que el Ejecutivo ha optado por otra vía directa que apela a la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos como los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión para impedir que los restos vayan a La Almudena.

Ahora se trasladará a la familia y a otras partes los informes y tendrán 10 días para hacer alegaciones desde el momento en que les lleguen. Después, el Consejo de Ministros tomará la decisión y Franco será exhumado si el Tribunal Supremo no lo impide, algo que el Ejecutivo, que ha cuidado todos los aspectos legales, ve altamente improbable.

El informe de la Delegación del Gobierno, que se incorpora al expediente con otros dos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que no ponen objeciones a la exhumación en el Valle de los Caídos, alega varios problemas: primero, el riesgo terrorista. En 2018 visitaron la tumba de Franco en el Valle de los Caídos 366.000 personas. El Gobierno cree que el número aumentaría por la facilidad de acceder a un lugar en el centro de Madrid, y no a 60 kilómetros como el Valle de los Caídos. Segundo, el de colapso de la zona, especialmente la calle Bailén, sobre todo en fechas señaladas como el 20 de noviembre.

Otro riesgo importante que alega el texto para desaconsejar la inhumación en la cripta de La Almudena es “que se produzcan episodios de conflictividad política y desórdenes públicos”. El texto recuerda un episodio reciente, el del enfrentamiento el 18 de noviembre entre falangistas y un grupo de mujeres de Femen. “La inhumación en La Almudena aumenta la probabilidad de que se produzcan provocaciones, conflictos, agresiones, en suma, violencia”, explica el informe.

El informe concluye que si se inhumara allí se estarían violando los derechos de las personas que quieran acudir a la catedral no para visitar la tumba sino con fines religiosos, porque tendría que cerrarse en varias ocasiones para garantizar la seguridad. Se estaría limitando así la libertad religiosa. También se verían limitados los derechos de las personas que viven o trabajan en la zona, que se vería afectada por estas aglomeraciones y problemas de seguridad. @mundiario