El Gobierno advierte a Castilla y León de que no aplique ninguna medida antiabortista

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. / RR SS.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. / RR SS.
El Ejecutivo liderado por el PSOE exige a la Junta del PP enviar los “protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales” que entran en vigor este lunes.
El Gobierno advierte a Castilla y León de que no aplique ninguna medida antiabortista

El Gobierno que lidera Pedro Sánchez entra en la lucha que existe alrededor del anuncio de Castilla y León, que indicó que implementaría medidas antiabortistas en dicha comunidad. Durante el domingo, el Ejecutivo dirigió un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, autonomía donde gobiernan de forma conjunta el PP y Vox, y donde piden que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”.

Con esta advertencia, el Gobierno exige al equipo de Alfonso Fernández Mañueco que paralice el protocolo, que entraría en vigor este lunes, a través del cual se busca instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar los latidos del feto, recibir asistencia psicológica y una ecografía 4D. El Gobierno de Sánchez incluso se ha planteado implementar “actuaciones jurídicas adicionales” en el caso de que Castilla y León no atienda el requerimiento. 

El Gobierno de España manifiesta a través de su comunicado que “utilizará todos los mecanismos” que están dentro del ordenamiento jurídico “para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, y que además “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado”.

El comunicado ha sido enviando por el Ministerio de Sanidad a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, en el poder del PP, en el cual solicitan que no se apruebe ninguna medida, pero en caso de que se haya adoptado “cese [de forma] inmediata de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

De forma concreta, el Ministerio de Sanidad exige a la Junta que le envíe “de manera inmediata” los “protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales” que entrarán en vigor este lunes, según anunció el consejero de Sanidad castellano y leonés.

Por su parte, el presidente de la comunidad y la Consejería de Sanidad respondió que el protocolo no vulnera los derechos de las mujeres. A través de un comunicado, afirman que enviarán una contestación al ministerio durante el lunes, en el cual, pedirán que el ente “se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, indicó por medio de Twitter que el Gobierno “tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables” y llevará a cabo “todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma (...) que va contra el derecho al aborto”. “Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito”, enfatizó. 

En la misma línea, la ministra de Igualdad Irene Montero manifestó: “No dudaremos en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Aborto seguro, libre y gratuito para todas”. @mundiario

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