Madrid ignora las claves de toda negociación ante la autodeterminación de Cataluña

El debate en el Congreso demostró que el ejecutivo de Rajoy parece obstinadamente decidido a avanzar de victoria en victoria hasta su derrota final.

Es conocida la máxima en cualquier proceso negociador según la cual cada parte debe diferenciar entre su “posición” y su “Interés”.

Una posición se conforma por el conjunto de cláusulas o condiciones que las partes ponen de manifiesto. Interés será el objetivo –u objetivos– final y genuino que se pretende alcanzar.

Si observamos el comportamiento de los principales agentes afectados en la demanda de autodeterminación de Cataluña, comprobaremos la dificultad de determinar los objetivos últimos de cada una de ellos.

Posiciones e Intereses

El gobierno español expresa una posición clara: la independencia es una quimera y la consulta no resulta conforme a la Constitución; a lo cual añade que la soberanía de Cataluña corresponde al pueblo español en su conjunto (esotérico argumento según el que un pastor de, pongamos, las Alpujarras tiene el mismo derecho a decidir el futuro de Cataluña que otro del Ampurdán).

¿Cuál parece ser el Interés real del gobierno español? A uno le cuesta creer que sea simplemente el inmovilismo en la confianza de que la cuestión se vaya marchitando hasta su total extinción. Y que el propio gobierno popular se empecine en su discurso en clave nacional española dirigido a sus bases más recalcitrantes. Da la impresión de que hayan confundido el terreno de juego al mantenerse en el campo de la ley cuando la partida tiene lugar en el espacio de las voluntades. Cuando era concebible el uso de la fuerza, las voluntades se podían doblegar apelando a la legitimidad de los reglamentos pero esos tiempos, por fortuna, han quedado atrás.

La posición del gobierno de Mas, cambiante en función del tiempo y del lugar, parece definirse por una hoja de ruta, en principio dentro del marco de la legalidad, que finalice en el ejercicio del derecho a decidir, o sea, del derecho de autodeterminación del pueblo catalán articulado en torno a un referéndum vinculante.

¿Cuál es el Interés del gobierno catalán? Difícil de vislumbrar sobre todo porque semeja modificarse a la vista de la actitud del gobierno central y de la evolución de la estimación de voto que va basculando claramente a favor de la secesión. Posiblemente Artur Mas baraje un determinado intervalo de objetivos, con un mínimo quizás en el reconocimiento nacional de Cataluña y el pacto fiscal con el Estado, y un máximo en la proclamación de la I República Catalana.

Analicemos Esquerra Republicana de Catalunya como último agente representativo. Su posición no ofrece dudas: busca la independencia de Cataluña. Respecto a su interés, quizás haya que matizar el plazo del objetivo. ¿Cree ERC que éste es el momento adecuado o prefiere simplemente subir un escalón y avanzar hacia la autodeterminación previo acuerdo con Madrid en un instante más propicio? Los dirigentes republicanos saben que una declaración unilateral implicaría meterse en una espiral de altos riesgos para Cataluña con lo cual quizás estimen más procedente ir dejando madurar la situación y conformarse en el momento actual con colocarse como primera fuerza política catalana.

Posición del PP ante la consulta

Respecto al asunto específico de la consulta, la actitud de Rajoy es la peor posible: mentir. Porque no es cierto que él no pueda delegar la competencia de convocatoria de referéndum a la Generalitat. Ha perdido la oportunidad de sincerarse, proclamar que no quiere delegarla, explicando los porqués. Podría cuestionar, por ejemplo, que se haya planteado la convocatoria como un hecho consumado, algo al menos poco ortodoxo cuando ni siquiera se había producido el debate en el Congreso. 

Podría haber expuesto Rajoy, igualmente, el formato de la pregunta consensuada entre los partidos catalanes como un factor bastante rebatible. O la campaña permanente a la que están sometidos los potenciales electores a favor de una de las opciones, lo que podría suponer un condicionante a la deseada neutralidad de la consulta. Una cuestión de este calado requiere la presentación serena y equitativa de las distintas alternativas de manera que el resultado se pueda interpretar como el deseo genuino del pueblo catalán y no como la conclusión natural de una explosiva y creativa campaña de marketing social.  

Y también pudo haber apelado, y sería una apelación más bien paradójica, al resultado del referéndum de 2006 cuando el 74% de los votantes catalanes optaron por el sí a un nuevo Estatuto que no incorporaba ninguna cláusula independentista. Si no fuese por las denuncias del Partido Popular sobre aquel texto, hoy no tendrían que enfrentarse a la actual tesitura que tanto los mortifica.

Nuevas soluciones

Ante semejante tapiz de posiciones e intereses, un gobierno con sentido de Estado debería, en primer lugar, identificar cuál es su contraparte en el proceso negociador. Con seguridad, no se trata de sus bases, en las que tan poco confía a la vista de las concesiones continuas que se ve obligado a otorgar. En realidad, tampoco lo es el gobierno catalán, ya fuese éste de CiU o bien uno próximo de ERC. Al otro lado del tablero, el gobierno español tiene al conjunto de Cataluña, ni más ni menos. Esa es su contraparte, a ellos debe dirigir su discurso. En el momento en que se percaten de tal circunstancia, su Posición habrá de cambiar radicalmente.

En este punto, recomendaría a los dirigentes del Partido Popular la visualización de la película “NO” de Pablo Larraín sobre el plebiscito de 1988 que tuvo lugar en Chile y que ganó la opción que concentró la esperanza y la alegría. Parece ingenuo, ya, pero no lo es; vean la película. El gobierno popular debe poner en valor, si quiere tener alguna posibilidad de salir airoso de este proceso, las contribuciones de Cataluña a la construcción del Estado español, las aportaciones de España al progreso de Cataluña, y mostrarse dispuesto a reflexionar sobre las diferencias abiertas entre ambas entidades con la voluntad franca de alcanzar puntos de consenso. Y dejen de presentar miedos, amenazas, sombras y zancadillas. Con ello seguirán cavando la sima que les separa.

Volvamos, para ir concluyendo, a la teoría de la negociación, esa que señala que en una relación intensa entre dos socios de larga trayectoria, se han de buscar nuevos aspectos que faciliten el acuerdo y enriquezcan la vinculación. Madrid capital política y administrativa; Barcelona capital económica, ¿por qué no? Senado, cámara territorial con especial cariz económico y sede en Barcelona; también el Tribunal de Cuentas; modificación de la Constitución para substituir la denominación “nacionalidades históricas” por “naciones” y Estado de las Autonomías por Estado plurinacional o, más sencillamente, federal; los cuatro idiomas oficiales presentes en la señalización de las instituciones del Estado, así como en los planes de estudio generales, etcétera.

Una posición del gobierno español en los términos del párrafo anterior ayudaría notablemente a la resolución del conflicto territorial, en general, y del proceso independentista catalán actual, en particular. Algo que parece improbable por la deriva centralista, incluso clasista, del partido en el poder. Cambiar su posición implicaría tanto como reconocer que Cataluña, más que separarse de España, desea disgregarse de esta España rancia, jacobina e injusta del Partido Popular.