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El Gobierno y el Constitucional pueden dañar la Constitución con el pretexto de salvarla

El Consejo de Estado, máximo órgano jurídico-consultivo del Gobierno, dictaminó por unanimidad la improcedencia legal del último recurso al Constitucional. La tesis central de este dictamen es que no se puede recurrir lo que aún no sucedió, doctrina establecida por el propio Constitucional.

El Gobierno y el Constitucional pueden dañar la Constitución con el pretexto de salvarla
Ejemplares de la Constitución española. / RR SS
Ejemplares de la Constitución española. / RR SS

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Xoán Antón Pérez Lema

Xoán Antón Pérez Lema

Socio-director de Pérez Lema Avogados e Consultores y secretario general de Acouga. Abogado, es analista político en TVG, Radio Galega y MUNDIARIO. Profesor en escuelas jurídicas. Ex jefe de gabinete de Presidencia de la Xunta con Pablo G. Mariñas y ex secretario general de Relaciones Institucionales con Anxo Quintana.

El recurso del Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional para impedir la investidura de CarlesPuigdemont y la decisión inédita de este tribunal deterioran en grave medida el Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional parece un árbitro parcial, casero e internacionalmente desprestigiado.

Carles Puigdemont fue elegido diputado el 21-D y, por tanto, puede legalmente ser candidato a presidir la Generalitat. El presidente del Parlament lo nombró candidato atendiendo que los tres grupos soberanistas disponen de mayoría absoluta (70 sobre 135 diputados) y manifestaron su voluntad de elegirlo.

Los partidos unionistas no asumieron el resultado electoral y apoyan al Gobierno de Rajoy en su obsesión por evitar la investidura de Puigdemont. Y he ahí el despropósito de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los actos de la Presidencia del Parlament nombrándolo candidato y convocando para el martes 30 el pleno para lo debate de investidura. Se buscaba, mediante un fraude de ley, el efecto suspensivo que tienen todos los recursos del Gobierno del Estado contra leyes y disposiciones autonómicas.

El propio Constitucional rechazó el recurso del Gobierno de Aznar contra la aprobación por el Parlamento vasco de la reforma del Estatuto conocida como Plan Ibarretxe

Pero el Consejo de Estado, máximo órgano jurídico-consultivo del Gobierno central, dictaminó por unanimidad la improcedencia legal de este recurso. La tesis central de este dictamen es que no se puede recurrir lo que aún no sucedió, doctrina establecida por el propio Tribunal Constitucional cuando rechazó el recurso del Gobierno de Aznar contra la aprobación por el Parlamento vasco de la reforma del Estatuto conocida como Plan Ibarretxe.

Los letrados del Tribunal Constitucional y el magistrado ponente concordaron con el Consejo de Estado en la inadmisibilidad del recurso. Pero razones políticas y no jurídicas llevaron al Pleno del Tribunal Constitucional a desconocer su propia doctrina, retrasar la decisión sobre la admisión a trámite y adoptar sin escuchar al Parlament medidas cautelarísimas que nadie había pedido y por las que se prohíbe el voto delegado de los diputados exiliados y el debate en ausencia física de Carles Puigdemont, que podrá comparecer solo si se le autoriza al efecto por el magistrado instructor del Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional adoptó una decisión parcial y política, en vez de jurídica. La prestigiosa agencia Eurointelligence nos habla de la paradoja de destruir la Constitución para salvarla. El profesor Carlos Amoedo (UDC) habla de “ decisionismo schmittiano” poniendo el foco en la aprobación por el Tribunal Constitucional de medidas propias de un estado de excepción no declarado. Y el abogado catalán Andreu Van der Eyden propone con evidente ironía que “quiten ya el Derecho Constitucional de los planes de estudio y así vamos todos al bar".

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Carlos Amoedo. Vienen malos tiempos para el Estado de Derecho. @mundiario