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El aumento de las restricciones al derecho de asilo desata tensiones en el Gobierno

La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas. España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea a abrirle dos procedimientos de infracción.
El aumento de las restricciones al derecho de asilo desata tensiones en el Gobierno
Inmigrantes en Ceuta. / RR SS.
Inmigrantes en Ceuta. / RR SS.

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Maira Perozo

Maira Perozo

La autora, MAIRA PEROZO, es periodista. Colabora en MUNDIARIO y tiene experiencia en el área política, pero también como asesora y moderadora de programas de televisión. @mundiario

El Gobierno de España impondrá nuevas restricciones al derecho de asilo. En ese sentido las autoridades preparan una nueva ley que introducirá restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Unión Europea en los últimos años. Al respecto, el texto limitaría el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes, según fuentes de El País. En esa línea la situación es compleja para la coalición de Gobierno por las fricciones que puede provocar entre el PSOE y Podemos. Actualmente está en vigencia una norma, que data desde el 2009, la cual se considera obsoleta porque la realidad migratoria ha cambiado enormemente. Frente al modesto volumen de solicitudes de refugio que solía recibir España, en 2019 se registraron 118.000. España es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania.

De la misma manera, la nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas. España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea a abrirle dos procedimientos de infracción. El último aviso llegó en octubre de 2019 —fecha del papel del trabajo al cual acceso el medio—, cuando el brazo ejecutivo de la UE amenazó con llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión. El Gobierno se adapta así a las exigencias de Bruselas, pero aprovechará para incluir sus propias medidas. El documento contempla las propuestas iniciales del Ministerio del Interior, y la versión final depende de las negociaciones entre los actores implicados, entre ellos los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores.

Ahora bien, la propuesta asume el endurecimiento de la política migratoria en la UE. Esos planes pasan por acelerar y aumentar notablemente los retornos de esos migrantes, blindar las fronteras y obligar a los socios a un reparto solidario de los refugiados.  Igualmente, se conoció que, entre las propuestas que el Gobierno español baraja está el establecimiento de un plazo para las solicitudes de los recién llegados, que la legislación europea fija en 30 días, pero que en la actualidad no está contemplado en la ley española. Esta medida será aún más restrictiva para los extranjeros encerrados en los centros de internamiento (CIE), una de las novedades que España introduce motu proprio. La propuesta de Interior es que los internos tengan apenas 10 días para formalizar su solicitud de asilo una vez que han sido informados de su derecho a pedir protección. La denegación por incumplir este plazo no estaría sujeta a revisión y solo se podría recurrir ante los tribunales. Las fuerzas policiales se quejan de que los migrantes recurren a menudo a solicitar el asilo simplemente como una forma de aplazar su deportación. En 2019 hubo en los CIE 2.164 solicitudes, el 2% del total.

Por otra parte, la adaptación a la normativa europea supone, según el borrador, ampliar los motivos para denegar las peticiones de protección. Entre los nuevos figuraría que en el país de origen del solicitantes existan zonas donde pueda establecerse con seguridad. El texto preeliminar también define el concepto de país seguro, acorde al modelo comunitario. Aunque los expedientes deben estudiarse individualmente, este cambio implica que si el solicitante procede de un país considerado seguro por España —Marruecos, por ejemplo— puede ver su solicitud denegada. El mismo criterio se aplicaría si el solicitante tiene su residencia habitual en un tercer país también etiquetado como seguro. @mundiario