El Gobierno, la Casa del Rey y el PP negocian las reformas de la Corona
El País revela que Jaime Alfonsín, Carmen Calvo y una persona vinculada a los populares elegida por Pablo Casado han mantenido reuniones ‘secretas’ para negociar el futuro de la Monarquía.
El Gobierno, la Casa del Rey y el PP ya negocian ‘con discreción’ las reformas de la Corona. El País revela que el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y una persona vinculada a los populares elegida por Pablo Casado han mantenido reuniones ‘secretas’ para negociar el futuro de la Monarquía.
La primera reunión se produjo los primeros días de febrero, luego de que Sánchez llamara al líder de la oposición para intentar desbloquear la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial. Esa conversación no prosperó, pero el jefe del Gobierno aprovechó para tratar con Casado otro asunto peliagudo: el marco de actuación para avanzar hacia las reformas de la Corona.
El País afirma que el líder del PSOE pidió a Casado que designase a una persona de su máxima confianza para entablar esos contactos y el popular se decidió por un dirigente veterano que no está en la política activa del partido. La decisión de convocar al PP partió de La Moncloa con “la aquiescencia” de Felipe VI.
PSOE y PP rechazan una Ley de la Corona
Fuentes conocedoras del proceso adelantan que el PSOE y PP rechazan regular las actividades de la Casa del Rey con una Ley de la Corona, por lo que apuestan por medidas de "transparencia" y "fiscalización". El objetivo de la negociación sería dotar a la monarquía de un “perfil menos opaco”. Aunque el asunto se discute a tres bandas, el pacto se cerrará entre los socialistas y los populares.
Las reformas que se han comenzado a estudiar apuestan por dar más transparencia al rendimiento de cuentas de toda la Casa del Rey. La idea del Gobierno y la oposición es “tener una institución mejor controlada y conocida” y “trazarle un perfil verdaderamente más parlamentario”, según las mismas fuentes. Asimismo, se habla de una posible fiscalización previa de determinadas actividades del Monarca a través de Patrimonio Nacional, el administrador de los bienes del Estado que usa la Casa del Rey. El País detalla que el objetivo de esta medida es “controlar los gastos de la institución sin una actuación muy agresiva, pero con los mismos filtros que tiene ahora cualquier dirección general de la Administración”. @mundiario
