El Gobierno se blinda y trata de encapsular la crisis del caso Cerdán sin alterar su hoja de ruta

La entrada en prisión preventiva de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta hace tan solo 20 días, por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a contratos públicos ha supuesto un golpe de enorme envergadura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, lejos de replantearse su hoja de ruta o abrir una crisis de Gobierno, La Moncloa ha optado por una estrategia de contención: asumir responsabilidades inmediatas, marcar distancias con el también exdiputado y transmitir una imagen de estabilidad institucional y continuidad política. Todo ello mientras intenta preservar la mayoría parlamentaria que sustenta al presidente y minimizar el papel de Cerdán en la arquitectura de la investidura.

La imagen del ex número tres del PSOE ingresando en Soto del Real ha sido calificada por la propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como “desgarradora y decepcionante”. El simbolismo es profundo: el mismo penal en el que estuvo el extesorero del PP Luis Bárcenas, pieza clave de la trama Gürtel, acoge ahora a un alto cargo del partido que llegó al poder precisamente bajo la bandera de la regeneración democrática y una moción de censura que el mismo dirigente socialista pactó con los socios del Gobierno. Esta realidad no ha hecho mella en el plan político de Sánchez, que ha preferido resistir a toda presión, como bien resume el mantra que circula en los pasillos de La Moncloa: “resistir es vencer”.

Desde el Ejecutivo se ha subrayado que la actuación ha sido inmediata y contundente. Se le exigió a Cerdán su dimisión y la entrega del acta parlamentaria apenas se conocieron los indicios de la investigación. Se ha prometido una nueva auditoría interna del PSOE, pese a que las ya realizadas desde 2010 —afirman— no detectaron irregularidades. Alegría ha insistido en que “no hay ningún indicio” de financiación ilegal del partido, ni en la contabilidad ni en los informes del Tribunal de Cuentas. La estrategia pasa por encapsular la presunta trama en un triángulo cerrado —Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García—, evitando que la sombra de sospecha se extienda al conjunto del Gobierno.

Sin embargo, esta postura ha generado tensiones internas. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha calificado de “gravísima” la situación política y ha exigido medidas inmediatas y contundentes de regeneración democrática. En un tono inusualmente duro, la ministra de Trabajo lamentó que, mientras su equipo luchaba por mantener los ERTE durante la pandemia, “había golfos al lado, robando”. El socio más a la izquierda del Gobierno quiere respuestas, y rápido. Este miércoles, la comisión de seguimiento del pacto de coalición abordará el tema. Para Sumar, la regeneración debe ser tan prioritaria como la agenda social.

El Gobierno confía en el bloque de investidura

Desde la oposición, el Partido Popular ha tratado de testar los apoyos necesarios para una posible moción de censura. Pero las reacciones de partidos clave como el PNV y Junts —estos últimos exigiendo un gesto con Carles Puigdemont que el PP no contempla— hacen improbable que esa vía prospere. El Gobierno, consciente de su mayoría ajustada pero operativa, se aferra a las cifras: más de 1.000 votaciones ganadas en el Congreso esta legislatura y medidas aprobadas como la revalorización de pensiones o la subida del salario mínimo.

El esfuerzo de La Moncloa por minimizar el papel de Cerdán no es menor. En su declaración ante el Supremo, el exsecretario de Organización se presentó como “arquitecto” de la investidura de Sánchez, lo que implicaría una presencia nuclear en la toma de decisiones políticas de calado y en las relaciones con los socios independentistas y nacionalistas. Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que su labor fue meramente instrumental. Alegría lo ha relativizado: “la investidura fue posible gracias al voto de más de 12 millones de personas que dijeron no a un Gobierno de la derecha y la ultraderecha”.

En el trasfondo, hay una tensión no verbalizada: ¿hasta dónde se extiende la mancha de esta trama? En La Moncloa admiten preocupación por la posibilidad de nuevas imputaciones o filtraciones que amplíen el perímetro de lo conocido. El PSOE se prepara para un Comité Federal complicado, en el que Sánchez tratará de liderar una renovación interna que combine recambio de nombres con refuerzo de los controles. La estrategia es clara: encapsular, resistir y reconstruir.

La crisis ha sacudido los cimientos del Gobierno, pero no ha logrado hasta ahora alterar su curso. En un contexto en el que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo confía en que su reacción rápida y la colaboración con la justicia sean suficientes para sostener su credibilidad. Sánchez, por ahora, mantiene la iniciativa política. Pero la gestión de esta crisis —y su capacidad para evitar que se convierta en estructural— marcará el resto de su legislatura. Resistir puede ser vencer, pero no siempre es suficiente. @mundiario