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El Gobierno atajará "trampas de pobreza" contra la picaresca al aplicar la renta mínima

El Ejecutivo sabe, de antemano, que se van a producir casos de engañarlo, pero parece que quiere estar preparado y será riguroso al aplicar el Ingreso Mínimo Vital.
El Gobierno atajará "trampas de pobreza" contra la picaresca al aplicar la renta mínima
Una voluntaria ofrece comida a una persona ncesitada.
Una voluntaria ofrece comida a una persona ncesitada.

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Fernando Ramos

Fernando Ramos

El autor, FERNANDO RAMOS, es columnista de MUNDIARIO. Periodista. Doctor en Derecho y en Ciencias de la Información. Técnico de Radiodifusión y Televisión. Profesor jubilado de Derecho y Deontología de la Comunicación en la Universidad de Vigo. Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra y de los Encuentros Inter Academias en la Escuela Naval Militar. Autor de 28 libros de Derecho, Comunicación Institucional y Protocolo. Ha dirigido 20 tesis doctorales. Profesor invitado en varias universidades de Europa y América. Ejerció el periodismo 30 años en radio y los principales medios de Galicia. Fue corresponsal de la Agencia “Europa Press”, “Sábado Gráfico” y el diario “Ya”. Obtuvo el Premio del Colegio de Arquitectos de Galicia en defensa del patrimonio histórico y el Trofeo “Actualidad” por sus investigaciones sobre el contrabando y el narcotráfico. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Vigo y obtuvo dos veces el Premio Luis Taboada a la mejor labor informativa sobre Vigo. Está en posesión de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. @mundiario

Alguien tan poco sospechoso de no estar de acuerdo con la renta mínima (Ingreso Mínimo Vital o IMV) como el economista, ex dirigente comunista y activo antifranquista desde su juventud, Ramón Tamames, advertía los riesgos que conlleva, si las cosas no se hacen como se debe, lo que implicaba el establecimiento del IMV sobre el estímulo a la búsqueda de trabajo y la consideración misma del deber y el derecho de ejercerlo en una sociedad democrática. Y como, en otros casos, recordaba Tamames de lo ocurrido en otros países, como Venezuela, donde medidas parecidas tuvieron un efecto psicológico conexo no deseable. Es decir, que hubo gentes que dejaron de interesarse por trabajar y se acomodaron con los subsidios y pequeñas chapuzas.

Claro que, de entrada, el problema de España es dramático y precisa una medida urgente, junto con otras, y no sólo de caridad, para asegurar no sólo la supervivencia, sino una vida digna en todos los sentidos a centenares de personas en este país. Por ello, hay que felicitarse de que el Consejo de Ministros haya aprobado lo que con razón se califica de el mayor proyecto de alcance social de la legislatura, a la altura de otras acciones semejantes en su día como fue la extensión de la Sanidad universal. Miles de familias esperan como única salida la prestación, de entre 462 y 1.015 euros no sólo desde que estalló la crisis del coronavirus. Estas cuantías podrán ser complementadas por las rentas de inserción de las comunidades autónomas. Pese a que la previsión oficial es que costará a las arcas públicas del orden de los 3.000 millones de euros, otros análisis señalan que la cifra, pronto se verá corta.

El problema radica en articular un sistema efectivo para que la ayuda llegue puntualmente a cerca de un millón de hogares (oficialmente 850 mil) de los que la inmensa mayoría sobreviven gracias a la caridad y la ayuda social improvisadas.  Pero el problema que señalaba Tamames y otros radica en que se tiene experiencia de los abusos de algunos desaprensivos que se han aprovechado de las ayudas sociales gracias a la falta de coordinación entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Y ese riesgo existe.

En Vigo, no hay mucho, la policía descubrió el fraude cometido por dos extranjeros, uno de los cuales tenía cinco identidades y estaba empadronado en otros tantos municipios, y otro en dos, y percibían ayuda por cada uno. El segundo motivo de preocupación que exige rigor para que las ayudas lleguen realmente a quien las merece y necesita, es en el que Tamames ponía especial prevención. Ese riesgo es que muchas personas se conformen con la ayuda y se desestimule la búsqueda de trabajo o disposición para trabajar. Y en ese caso, se cita la experiencia de los Planes de Empleo Rural. Tanto en Andalucía como en Extremadura, en su caso, o Levante, en otro, se asiste a la paradoja de que haya que importar mano de obra extranjera para las campañas de recolección, en tanto las personas con prestaciones sociales no aceptan ocupar los puestos vacantes, a no ser que se mantengan al tiempo las coberturas que reciben, y que, en esos casos, deberían cesar temporalmente. En ese sentido, más de un secretario de ayuntamiento se ha visto en graves responsabilidades en cuanto a la firma de peonadas reales o no.

Facilidad de acceso y precisión en el control

Es decir, que conocemos los riesgos de situaciones parecidas. Pero, se debe insistir de que estamos ante una situación dramática, por lo que, si de produjeran desviaciones del objetivo de la Renta Mínima deberían ser corregidos de modo urgente. Es muy importante por eso, que el Gobierno sea preciso a la hora de establecer el umbral para cada tipo de hogar en función de sus características, número miembros y de la monoparentalidad. Se anuncian 14.  Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, incluidas las salariales, el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar hasta los citados 1.015 euros como máximo.


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Es de esperar que el sistema de solicitud no sea complicado a través de sede electrónica y que sean rigurosas especialmente para evitar fraudes con carácter general, teniendo en cuenta además las circunstancias especiales respecto a los requisitos de acceso para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, o los solicitantes de asilo. El propio Gobierno ha advertido ya sobre la necesidad de impedir que se produzcan, como en otros casos, la denominadas "trampas de la pobreza" que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo. Pero el problema deriva, como Tamames advertía, que muchas personas tendrán que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social, no suficiente.

Pero esta medida debe complementarse con otras que faciliten el trabajo y la empleabilidad de las personas que lo reciban. De ahí que se insista en que las ayudas sean compatibles con la incentivación de la iniciativa en la búsqueda de trabajo, por cuanto hasta un determinado nivel de ingresos laborales, la persona que esté cobrando el IMV y se ponga a trabajar o a emprender no perderá la prestación. El Gobierno ha aclarado que el acceso al IMV estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y de patrimonio. El tener un techo propio, no excluye de recibir las ayudas si no se tienen ingresos. Es mecanismo se llamará un "test de riqueza", poco habitual en España. La vivienda habitual, salvo que sea excepcional, no computará a tales efectos. La picaresca puede aparecer en este sentido, según la titularidad de la vivienda donde se resida y otros. El Gobierno sabe, de antemano, que se van a producir casos de engañarlo, pero parece que quiere estar preparado. @mundiario