El Gobierno advierte a la Iglesia que participará en las indemnizaciones por pederastia
El Gobierno ha emitido una advertencia firme a la Iglesia Católica española, señalando que no aceptará ningún plan de indemnización a las víctimas de pederastia sin la supervisión y el control del Estado. En una carta enviada el viernes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presionó al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, para establecer un modelo de reparación mixto que cumpla con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo.
El ministro Bolaños insiste en que la supervisión estatal es esencial para asegurar un único sistema de reparación que sea justo y efectivo para las víctimas. Esto implicaría que una comisión independiente del Estado estudie cada denuncia de casos prescritos, fije las compensaciones económicas y garantice el pago a los afectados. La carta de Bolaños subraya que la participación del Estado "es la manera más rápida y segura de abordar el problema".
La advertencia del Gobierno llega en un momento crítico, ya que los obispos españoles se reunirán próximamente para aprobar su propio plan de indemnización. Este plan, que ha sido desarrollado sin la colaboración de las principales asociaciones de víctimas ni del Estado, ha generado tensiones con el Ejecutivo. La CEE ha insistido en gestionar las indemnizaciones de forma independiente, a pesar de los compromisos anteriores de trabajar conjuntamente con el Gobierno y las asociaciones de víctimas.
La controversia se intensificó tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo en octubre, que recomendaba la creación de un fondo estatal supervisado por un órgano independiente, en el que participase la Iglesia. La CEE se opuso a esta propuesta y también rechazó un plan de reparación oficial presentado por el Gobierno en abril, la asociación se negó a cooperar a menos que los resarcimientos incluyeran también a las víctimas de fuera del ámbito religioso y definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”.
Aunque la CEE accedió inicialmente a crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuestión, las reuniones previstas no se materializaron. Esto llevó a Bolaños a enviar una carta el 27 de junio instando a Argüello a alcanzar un acuerdo. La respuesta del presidente de los obispos fue que los trabajos podrían reanudarse después del 10 de julio, tras la aprobación del plan eclesiástico.
El plan que votarán los obispos incluye la creación de una "comisión nacional de arbitraje" para estudiar cada denuncia y determinar las formas y cantidad de las indemnizaciones. Esta comisión estará formada por expertos del del ámbito jurídico, civil, canónico, médico y psicológico y solo analizará los casos que no puedan ser procesados por la justicia penal o los tribunales eclesiásticos. Sin embargo, el Gobierno critica que este enfoque podría generar desconfianza entre las víctimas y sus familias.
“Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación”, señaló Bolaños en la misiva.
La CEE no ha especificado cómo financiará las indemnizaciones, que se prevé sean millonarias. En otros países, la Iglesia ha vendido patrimonio o las diócesis se han declarado en bancarrota para cubrir los costos. En España, la media de indemnización por víctima en otros países europeos es de unos 35.000 euros. La base de datos de el diario EL PAÍS informó que contabiliza al menos 2.735 víctimas de pederastia a manos de 1.532 clérigos, aunque el informe del Defensor del Pueblo sugiere que el número real de afectados podría ser mucho mayor.
El conflicto entre la Iglesia y el Estado sobre la gestión de las indemnizaciones por casos de pederastia que lleva meses en curso sigue sin resolverse y lparece que no lo hará pronto, en cualquier caso, la resolución de este conflicto es crucial para las víctimas, que buscan justicia y reparación por los abusos sufridos. @mundiario