¿Por qué no hay nuevos correos en los datos del fiscal general enviados por Google y WhatsApp?
El análisis de la Guardia Civil sobre la documentación remitida por Irlanda y EE UU concluye sin novedades relevantes para la causa abierta contra García Ortiz por la imposibilidad de recuperar mensajes.
La investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos ha dado un paso más esta semana, pero no en la dirección que esperaba el magistrado instructor Ángel Hurtado. Tras recibir documentación de Google y WhatsApp gracias a comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y EE UU, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado que no se han obtenido pruebas nuevas “de interés” que puedan reforzar la acusación contra García Ortiz. El contenido analizado —correos electrónicos y posibles mensajes de mensajería instantánea— se ha revelado insuficiente, redundante o irrecuperable.
El análisis pericial arroja un resultado “negativo”, según la propia resolución judicial del juez Hurtado, que ha decidido levantar el secreto de sumario de las piezas separadas abiertas para este fin. De los 159 correos electrónicos entregados por Google, solo uno tiene relación con la investigación, y ya había sido hallado previamente en la copia de seguridad del ordenador del fiscal general durante el registro judicial a su despacho en octubre del año pasado. En cuanto a los datos de WhatsApp, el intento de recuperar mensajes fue infructuoso: la cuenta fue eliminada dos veces el día en que García Ortiz fue formalmente encausado, impidiendo a la empresa de mensajería proporcionar contenido alguno relacionado con la investigación.
Si bien el magistrado instructor ha reiterado que el borrado del contenido del móvil no tiene relevancia penal directa, también ha insistido en que este tipo de comportamientos sí puede dificultar el desarrollo de una investigación judicial. En este sentido, la desaparición de potenciales pruebas alimenta las sospechas, pero no aporta elementos objetivos que sostengan una imputación firme.
Para García Ortiz, la explicación es sencilla: actúa conforme a criterios de seguridad institucional, borra información con regularidad y cambia de terminales con frecuencia. Su posición implica gestionar datos altamente sensibles vinculados a investigaciones penales y a las más altas esferas del Estado. Por tanto, sostiene que el borrado de contenido es parte de sus obligaciones legales para preservar la confidencialidad.
Sin embargo, el momento en que se producen estos borrados —coincidente con la apertura de la causa penal— ha sido interpretado como uno de los “indicios” del para investigar a la cúpula del Ministerio Público por la causa de presunta revelación de secretos. El magistrado Hurtado ha reprochado a García Ortiz que haya hecho “desaparecer pruebas que le puedan incriminar”, y ha llegado a afirmar que, aunque el borrado de mensajes “carece de relevancia penal”, “tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.
El correo con datos de González Amador
El trasfondo de esta causa se centra en la filtración de un correo que contenía una confesión parcial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y que incluía una propuesta de pacto con la Fiscalía tras admitir dos delitos contra la Hacienda Pública. La difusión de ese correo, según se investiga, pudo vulnerar el derecho de defensa y la presunción de inocencia del empresario.
El correo fue enviado la noche del 13 de marzo desde la Fiscalía de Madrid, pero algunos de los periodistas que lo publicaron aseguran haber tenido acceso a su contenido antes de que, supuestamente, lo recibiera García Ortiz.
En este contexto, la imposibilidad de establecer el canal exacto por el que se produjo la filtración ha debilitado el relato acusatorio. Ni el análisis de los dispositivos del fiscal ni la información obtenida del entorno digital han permitido acreditar que él fuera el origen de la revelación. Además, la falta de nuevos indicios por parte de las grandes plataformas tecnológicas ha sido, hasta ahora, un revés para la línea de investigación mantenida por el magistrado.
A pesar de todo, la causa no está cerrada. García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, siguen siendo investigados. Pero a medida que se agotan las vías probatorias sin éxito, aumenta la presión para que se determine si existe base suficiente para sostener una acusación penal o si, por el contrario, estamos ante un caso donde las sospechas iniciales no han logrado cristalizar en pruebas sólidas. @mundiario