El futuro está en el presente

Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación.
La complicada situación que tenemos no propicia torcer la flecha del tiempo sin modificar supuestas seguridades del pasado.
El futuro está en el presente

En el discurso del Nobel de 1956, Albert Camus invocó la necesidad de “impedir que el mundo se deshaga”. El mundo estaba en plena Guerra fría y, en España, en los inicios de un leve despegue del racionamiento y la autarquía que siguieron a una dura guerra in-civil. Lo que el argelino de ascendencia española reclamaba era consistencia ética y moral ante lo que estaba aconteciendo; no era legítimo que diera igual cualquier actitud si la honestidad, la justicia y los derechos humanos andaban por medio. No era cuestión de ser bondadosos a capricho.

Han pasado sesenta y seis años, y las actitudes con que nos topamos a diario en los noticiarios no desmerecen de la sensación de desmoronamiento en que parecía andar el mundo y el ecosistema. Una guerra de cuyas noticias tenemos imágenes casi en tiempo real, una realidad económica en situación difícil y hasta unas noticias meteorológicas tan cambiantes como inusuales contagian una sensación de creciente cansancio. La palabra más repetida en el Congreso de Diputados, en la interpelación al Gobierno de este día seis de abril, es sobre “el futuro”. Cuando nadie tiene las claves en que se movían las pitonisas de Delfos,. Es inquietante, parece poco claro y genera desconfianza.

Volvemos a donde siempre

Los más gritones se aferran es ver si –justo en este momento en que empiezan las fechas de declaración de la renta- se bajan los impuestos. Volvemos, por tanto, a donde siempre; si el de la propiedad privada es un derecho absoluto o si, para afrontar los problemas, tiene alguna obligación. La limitación que imponen unos u otros tributos al fisco común es lo que de verdad les inquieta. Volvemos, por tanto, a una cuestión que ya en la Baja Edad Media había encontrado solución teórica, pero que todavía en los años 90 del siglo XIX no había alcanzado una solución práctica para eliminar una de las causas principales de la pobreza: la sacralización que había adquirido la propiedad por encima de otros derechos. A partir del momento en que las leyes e instituciones sociales empezaron a entrar en la escena a comienzos del siglo XX, quedó en manos de las políticas económicas de los gobiernos el satisfacer más o menos las necesidades perentorias de todos. También quedó en manos de la oposición a los que propugnan ampliar la economía social el que, en sus alternancias de gobierno -y desde los medios de difusión de sus mensajes-, disminuya el papel distributivo del Estado y, sobre todo, a quiénes vaya a parar sin privilegios la distribución.

Entre ser un Estado mínimo, con menos impuestos, y ser un Estado con suficiente apertura al bienestar de toda la ciudadanía, se juega prácticamente toda la política actual. En esas estamos, y de manera no fácil en este momento. Y como siempre, no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de ética colectiva y, por tanto, una manera u otra de entender el pacto social y político que subyace en el sistema democrático. El predominio de una u otra tendencia aparece más decidido cuando la ciudadanía se pronuncia en las urnas; antes, en el tiempo anterior, el mensaje que las formaciones políticas procuran que tenga audiencia es el que, implícito en la teoría de juegos, combina niveles de satisfacción propio con formas concretas de dirimir la cuestión en nombre de una supuesta libertad y bienestar común pero que toma como criterio fundamental el interés individual.

En ese juego andamos, cuando hablamos de futuro. La gran cuestión en Educación no es el currículum, que también, pero en segundo plano, sino la gran división que esconde la doble red privada y pública. Tras ella se refleja ampliamente esta doble concepción de la propiedad, del Estado y de las actitudes personales y grupales ante el bien común. Cuantos sigan con algún detalle las evoluciones de las políticas de sanidad, educación y servicios sociales de su comunidad autónoma, podrán ver qué actitudes éticas están propugnando y a qué tipo de ciudadanía preferente tienen en  cuenta cuando deciden.

Leyes maestras

Por diversas razones, la Comunidad de Madrid es emblema o supuesto modelo de lo que el ámbito conservador propugna para que el mundo “no se deshaga”. No le parece importar, por ejemplo, invertir poco en la Pública –pese a disponer de más recursos que otras comunidades- y erosionarla cada año que pasa con sucesivos recortes y creciente abandono. Las quejas de los colectivos implicados, Ampas, asociaciones vecinales, sindicatos y diversas plataformas reivindicativas, no cesan de denunciar falta de centros e infraestructuras y mantenimiento de las mismas, obras que se eternizan, existencia de “aulas modulares” o barracones para suplir las inexistentes y, además de falta de plazas en los barrios, deficiencia de recursos para atender alumnos con diversos grados de necesidades educativas.

La bajada de ratios es una demanda larga, y la inexistencia de plazas en Educación infantil de 0 a 6 años, acelerada este año con decisiones que afectan a un conjunto de escuelas públicas que habían sido pioneras en el respeto al desarrollo integral de los más pequeños, es otra línea de actuación que merma el papel de la red pública. Y lo es, además, que la Formación Profesional , los equipos de orientación, las escuelas de idiomas, tampoco tengan las dotaciones necesarias para atender con calidad las demandas que tienen de la parte de la ciudadanía que no tiene recursos para pagar una plaza en la red privada. Si adicionalmente se limitan plazas en determinados centros que podrían atender esas necesidades, mientras en paralelo se abren en otros de iniciativa privada próximos, la orientación decidida de una Consejería de Educación como la de Madrid hacia la privatización explícita o encubierta de un derecho fundamental está clara.

No hace falta que lo especifique en una ley como la llamada “ley maestra de elección educativa”, que no logrará una calidad mayor, sino que excluirá de educación a quienes más la necesitan, mientras sus grandes beneficiados son los grupos y asociaciones privadas. Entender la “libertad educativa” de este modo no es sino volver a la etapa anterior a los años noventa del siglo XIX, en que el poder estudiar –no simplemente ir a la escuela- estaba reservado a quienes podían ir a un “colegio de pago”; y la gran mayoría de los concertados lo son, aunque se revistan de “función social”. Es decir, que quien tiene mal “el futuro” son las clases populares, a las que se excluye de manera legal de que sus hijos estén en igualdad de condiciones que los demás para que sus vidas estén humanizadas y también merezcan la pena. @mundiario

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