Medidas para destruir el concepto de nación como tal que establece Podemos

En cualquier país del mundo donde se celebran elecciones democráticas, lo que se solventa es la composición del Parlamento y, en su caso, la formación del Gobierno que habrá de constituirse posteriormente, conforme a los resultados de los comicios y las alianzas que pudieran establecerse alrededor de un programa.

Parece que en España, además de eso, no somos plenamente conscientes que, según el resultado, está en juego la propia consideración de la nación española como tal, por cuanto uno de los contendientes lleva en su programa, aparte de las medidas de gobierno acorde con su ideología y objetivo, alterar en  lo más profundo el ser mismo de España, a partir de un concepto mudables, movible, adecuadamente aderezado con bellas construcciones literarias y obviedades tan simples como que España es su gente, pero desvinculada de la propia historia y del territorio mismo. Y uno se preguntan si quienes van a decantarse por esta opción atraídos por otros aspectos de su programa, lo han leído y conocen los efectos del lote completo.

Reproducimos en este sentido el programa de Podemos:

“Derecho a decidir

Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate acerca del cambio constitucional. Reconoceremos constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España, como también aseguraremos el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país.

Es decir, promoveremos la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España.

Recuperaremos el respeto como fundamento básico de las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos de todos los niveles territoriales del Estado.

Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y debatiremos sobre las experiencias de Reino Unido y Canadá”

Veamos qué quiere decir esto en Román paladino: La vecindad civil; es decir, la comunidad autónoma donde resida cada ciudadano español, le otorgará, según el caso, un derecho suplementario decisivo; de modo que el futuro de España como nación queda sometido, por cuotas, a lo que cada segmento regional (ahora plurinacional) decida en el sentido que sea, pero primando especialmente a Cataluña, a quien se otorga el derecho a adelantar qué tipo de relación quiere tener con el resto de España. La soberanía nacional ya no reside en la nación en su conjunto, sino que se reparte por cuotas por los diversos parlamentos. Todo eso requeriría un agudo cambio constitucional, que rebasa el propio marco de un Estado Federal (como de facto ya somos, dadas las amplias competencias de las autonomías), ni tampoco una confederación propiamente, sino una especie de estado acordeón, susceptible de constituirse e ir a más o menos, según la música que se toque con cada una de sus teclas. Porque no es lo mismo que todos los españoles, por igual y al tiempo, decidamos sobre las cuestiones que nos afectan, sea la que sea, y otra esta especie de verbena por barrios.

La gran paradoja

Pero la cosa no para ahí: se destruye el concepto de nación española del que nos dotaron las Cortes de Cádiz, pero, ¡oh gran paradoja!, se extiende generosamente, sin exigencia de reciprocidad alguna ni de test para obtenerla, la nacionalidad española. ¿Pero cuál o qué quedará de la misma?

Seguimos copiando el programa de Podemos

“Eliminación del test de nacionalidad y reducciones en los plazos para obtener la nacionalidad

Eliminaremos el test de nacionalidad española, requisito en la actualidad para poder obtener la nacionalidad española.

Acortaremos los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad por residencia: cinco años de plazo general, tres años para refugiados, y un año para la población originaria de países con los que España mantiene históricamente una buena relación.

Suprimiremos las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento. Eliminaremos la exigencia general de renuncia a la nacionalidad de origen para adquirir la española sin necesidad de tratados de doble nacionalidad, al menos en determinados casos (como, por ejemplo, el de la población refugiada).

Otorgaremos mayor relevancia al criterio del ius soli (derecho de lugar) en la atribución de la nacionalidad de origen.”

Y por su quedan dudas, y siempre sin exigencia de reciprocidad, los derechos políticos que en todo el mundo occidental se vinculan a la ciudadanía, aquí Podemos los extiende por doquier (ya vemos que haciendo español de facto a todo el mundo, sin la menor exigencia formal). La cosa va más allá. O sea, que a cualquier persona que quiera ser español no se le va a requerir un mínimo conocimiento sobre el país del que quiere ser un nacional. Pero hay mucho más:

“Derecho a voto y a la participación política de la población extranjera residente en nuestro país

El acceso al censo electoral se realizará a través del padrón municipal, sin requisitos adicionales.

Regularemos el derecho de sufragio mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y no por medio de tratados internacionales bilaterales. Reconoceremos el sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros estables, no solo a los ciudadanos de la Unión Europea.

Reduciremos de manera sustancial los plazos de residencia exigidos para acceder a estos derechos.

Suprimiremos la prohibición de crear partidos políticos por parte de extranjeros, como se recoge en la Ley Orgánica 6 / 2002, de 27 de junio, de partidos políticos.

Estudiaremos la viabilidad de incorporar en el marco constitucional vigente la participación de la población extranjera en las elecciones autonómicas y en los referéndums”.

Aparte de otorgar derechos sin exigencia de reciprocidad, al menos, para los españoles residentes en los países de los beneficiarios, se permiten que los extranjeros puedan formar partidos nacionales propios. Es decir, que defiendan sus propios intereses y no los de la nación española en su conjunto. ¿Es que caben más medidas para destruir el concepto de nación como tal al permitir incluso formaciones partidarias que representen a naciones extranjeras?

Por eso conviene poner en relación las diferentes cosas que dice este programa y el trance en que sitúa a quienes se limitan a proponer un programa de gobierno que, al contrario de éste, no se plantee cambiar las reglas de juego de nuestra convivencia y el propio Estado como tal.

Para qué seguir, se entiende que en estas elecciones se ventila algo más que un proyecto de Gobierno; se ventila el futuro de España como tal. Así de claro. Habrá que confiar en que, al menos, por encima de sus diferencias, los partidos constitucionalistas estén de acuerdo al menos en una cosa: Que España siga existiendo.

Ya veremos.