El fujimorismo amenaza con la destitución al fiscal de la Nación en Perú

El fiscal de la Nación -Pablo Sánchez - en la mira del fujimorismo - TWITTER
El fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, en la mira del fujimorismo. / Twitter

El diputado Daniel Salaverry presentó una acusación constitucional contra el máximo representante del Ministerio Público en medio de las investigaciones por el Caso Odebrecht a Keiko Fujimori.

El fujimorismo amenaza con la destitución al fiscal de la Nación en Perú

Casi tres décadas después, el fujimorismo parece que quiere volver a la práctica de colocar y sacar jueces y fiscales. El vocero de Fuerza Popular –mayoría en el Congreso- Daniel Salaverry presentó ayer una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, “por no haber iniciado las acciones pertinentes" contra los implicados en el caso Lava Jato.

El documento remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento señala que "a la fecha, podemos colegir válidamente que la investigación de los directivos y las empresas involucradas en el Caso Lava Jato en nuestro país ha sido gravemente afectada por las omisiones funcionales del Fiscal de la Nación".

La denuncia contra el fiscal de la Nación se da, precisamente, a pocos días del próximo interrogatorio que realizará el fiscal de Lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, este 9 de noviembre, en Curitiba (Brasil) a Marcelo Odebrecht por la anotación  “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

Esta frase apareció tras una publicación del portal IDL Reporteros que daba cuenta del posible financiamiento a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011 y, por el cual, se le abrió una investigación bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado.

Además  –por revelaciones de Jorge Barata, gestor de las coimas para obtener licitaciones de obras públicas en Perú- la constructora brasileña tuvo interés en invertir en la actual lideresa de la oposición cuando competía aquel año contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), preso por sus vínculos con Odebrecht.

Pese a esta coincidencia, desde el fujimorismo señalaron que la denuncia no tenía relación con las indagaciones sobre la hija del ex dictador Fujimori. “Lo que Salaverry ha hecho es una denuncia, a partir de esa denuncia si se admite se tiene que realizar una investigación. En el Perú nadie está por encima de la ley, ni siquiera Pablo Sánchez, ni siquiera los miembros del Tribunal Constitucional”, dijo Héctor Becerril, diputado conocido por defender a capa y espada a Keiko.

“No tengo miedo”

La respuesta a la denuncia fujimorista no se hizo esperar. El fiscal de la Nación Pablo Sánchez manifestó, en conferencia de prensa, que no lo amilanaran en la lucha contra la corrupción que ha emprendido desde que fuera nombrado titular del Ministerio Público.

“Después de más de 30 años con servicio a la fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso. Entiendo que los fiscales también piensan igual que yo. Acá no vamos a tener miedo. Acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú”.

Sánchez respondió a quienes intentan paralizar o afectar las indagaciones que se realizan en esta instancia. Sostuvo por ello que en el país se necesita más justicia, honestidad y decencia. “No hay políticos en la fiscalía. No hay ninguna mano negra, ninguna mano política. Se investigan a personas que de alguna manera están siendo implicados en investigaciones. ¿O qué quieren, que no se investigue, que no se pregunte?”, culminó.

La postura del fiscal de la Nación fue respaldada por la  Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. “El Ministerio Público expresa a la ciudadanía su indeclinable respeto a la Constitución, la ley y su firmeza e independencia de toda manifestación externa que pretenda influir o amedrentar a los fiscales que cumplen con su deber”.

Pero no solo a nivel interno también mereció apoyo Sánchez. El exprocurador general Brasil, Rodrigo Janot, mostró su rechazo en su cuenta de Twitter sobre la persecución contra el responsable en liderar las investigaciones del caso Lava Jato en Perú.  “En Perú, políticos acusan el Fiscal General Pablo Sánchez @FiscaliaPeru para someterlo a un juicio político. ¿Por qué? Porque hizo su trabajo”.

Pablo Sánchez tendrá cinco días para responder por escrito a los hechos que se le imputan. Sus respuestas serán evaluadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que –en caso no las apruebe y acepte que se le haga un juicio político- pasará al Pleno del Parlamento donde deberá necesitarse 87 votos para que se efectué su destitución. 

Así como sucedió en la década de los noventa cuando tres magistrados del Tribunal Constitucional fueron desaforados de sus cargos por rechazar la reelección de Alberto Fujimori para el 2000, en el que cayó su dictadura en la más absoluta corrupción.

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