Pujol logró meter el término "nacionalidades" en la Constitución

Jordi Pujol y Clavero Arévalo.
Jordi Pujol y Clavero Arévalo.

El término "nacionalidades" fue introducido en la Constitución a petición de Jordi Pujol, según reveló en su día el ministro para la Administración Territorial Manuel Clavero.

Pujol logró meter el término "nacionalidades" en la Constitución

Fue Jordi Pujol quien impuso que se introdujera la expresión “nacionalidades” como entes diferentes de las autonomías comunes, en la Constitución, según reveló el que fuera ministro de Administración Territorial Manuel Clavero Arévalo, en una entrevista con El Confidencial, publicada el 7 de noviembre de 2015. Pero entre unas y otras la única diferencia, según éste, era los plazos para la tramitación de sus estatutos, más rápido el de las nacionalidades, debido a sus precedentes republicanos. Pero no en competencias posibles.

En este sentido, recordaba que el término fue adoptado, con no poca controversia y señalaba la diferencia entre regiones y nacionalidades: “Siendo eso así, que está en el artículo dos, lo que se olvida siempre es que eso no supone ningún privilegio, que la propia Constitución garantiza la autonomía para todos, ya se consideren nacionalidades o regiones. La única diferencia entre unas y otras era el tiempo: mientras que las mal llamadas históricas podían iniciar la autonomía plena inmediatamente, las demás tenían que esperar cinco años y, a partir de ahí, ir ampliado competencias progresivamente. Las regiones se guiaban por el artículo 143 y 148 apartado segundo, y las nacionalidades por el artículo 151. ¿La diferencia? Pues esa, una cuestión de plazos. No se quiso dar todas las autonomías de golpe, sino de forma paulatina, como decía Fernando Abril, para no generar un gran problema en aquellos momentos. Por tanto, el ‘café para todos’ no es ningún invento; está en la Constitución”.

¿Era sinónimo de nación, entonces?

Si esta es la propia explicación que ofreció el ministro encargado del desarrollo del Estado de las Autonomías no cabe colegir que, al menos él o entendía que la expresión nacionalidad fuera sinónimo de nación. Y, sobre todo, como expresó de modo explícito, que lo que luego se llamaron “hechos diferenciales sustentara privilegios y diferencias entre los españoles que tuvieran vecindad civil en unas u otras comunidades.

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Abril Martorell y Alfonso Guerra.

De suyo, las tres primeras nacionalidades españolas, consideradas “históricas” (a mi entender de modo sesgadamente erróneo, como si Castilla, León, Asturias, Valencia, Aragón o el resto no fueran igualmente históricas) fueron Cataluña, el País Vasco o Galicia, basándose en el hecho de que las tres llegaron a tener aprobado Estatuto de Autonomía, durante la II República, si bien el de Galicia no llegó a entrar en vigor, por la guerra civil. Pero en nuestros días, definen también como nacionalidades los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana. ¿Son todas naciones o van camino de serlo?

La forma en que se introdujo la expresión nacionalidad en la Constitución, que ahora sabemos, por boca de Clavero Arévalo que fue cosa de Pujol, tiene también relación con el intento de atraer a los nacionalistas vascos del PNV. El propio Arzalluz trató del asunto con Gregorio Peces Barba, logrando que se cediera en el delicado asunto del “Concierto Vasco”, de tantos efectos como criticado posteriormente.

La gestación de la Constitución

Con motivo del 40 aniversario de la Constitución se conocieron algunos secretos hasta entonces guardados sobre su gestación. Para agilizar su tramitación, fueron comisionados, respectivamente por UCD y el PSOE, abril Martorell y Alfonso Guerra, quienes, en lo que se llamó “El pacto del mantel (establecido en el Restaurante “José Luis”, de Madrid) acordaron de un tirón 23 artículos, sobre asuntos tan delicados como la forma del Estado, la pena de muerte, la huelga, la mayoría de edad, la lengua oficial y otros. Uno de los puntos atascados fue introducir el término “nacionalidad”, ya que la ponencia oficial sólo empleaba “autonomía” para referirse a las regiones. Luego se supo que la orden de introducirlo llegó de la Moncloa, a dónde, según Clavero, había enviado la sugerencia el mismísimo Pujol, con intención de que con el tiempo fuera sinónimo de nación con especial referencia a Cataluña.

Ahora, la propuesta de convertir al Estado de las Autonomías como “Estado plurinacional” o nación de naciones (que el doctor Pedro Sánchez reduce a Cataluña, País Vasco, Galicia y España, o sea el resto) no tiene muchos referentes a imitar, aunque se pretende poner como ejemplo al República Federal de Alemania, La Confederación Helvética o los Estados Unidos. La simple lectura de sus constituciones y la historia nacional desmonta tales similitudes. Más bien, ese camino parece conducir a la balcanización de España o, aunque se diga en broma, recordando a Berlanga, al Imperio Austrohúngaro.

La Constitución Suiza dice que la Confederación está formada por el pueblo suizo y 29 cantones (teniendo en cuenta que algunos se dividen en dos partes) Y advierte quelos cantones son soberanos en los límites de la Constitución Federal y, como tales, ejercerán todos los derechos no delegados al poder federal”. Es decir, que existe un poder federal fuerte y consolidado que, como en el Estado de las Autonomías, puede o no delegar competencias. Y los suizos tienen una sola nacionalidad, la suiza.

El Estado federal alemán está compuesto por el Estado central –la Federación (Bund)– y los dieciséis Estados Federados (Länder). La Ley Fundamental fija en un detallado orden de competencias qué materias corresponden a la Federación y cuáles a los Länder. La vida pública de Alemania se basa fundamentalmente en las leyes federales. En cambio, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la ciudadanía prácticamente solo entra en contacto con autoridades de los Estados Federados o administraciones locales.

Una de las características más acusadas dentro de las peculiaridades de los Estados Unidos es que, en las repetidas ocasiones en que la Constitución ha sido enmendada se ha tendido hacia la centralización o el refuerzo de las competencias federales. Sin embargo, la ciudadanía estatal es muy flexible, y no requiere de ninguna aprobación gubernamental para mudarse o trasladarse entre estados (a excepción de convictos en libertad condicional). Son los Estados y no al revés, son los estados los que transfieren poderes al gobierno federal. Los poderes no transferidos los detentan los estados, pero las competencias en materia de educación pública, salud pública, transporte y otras infraestructuras son responsabilidades estatales, aunque todas tengan tanto una regulación como una financiación federal significativa.

Es evidente que nuestro Estado de las Autonomías reserva a alguna de las mismas más competencias de las que disfrutan estados federados. Aparte de la experiencia que supuso aquel episodio, durante la I República, en 1873, España era definida, según el proyecto de Constitución, como una República Federal, integrada por diecisiete Estados con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Según los artículos 92 y 93, estos “Estados” tendrían completa autonomía económico-administrativa y todas las capacidades políticas compatibles con la existencia de la Nación. Pero cada uno de estos “Estados” tendría plena capacidad para darse su propia Constitución”. Nunca entró en vigor, y se atribuye a Castelar. Y en cuanto a la configuración del Estado, decía: “Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas”. @mundiario

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