El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias

Logotipo del PSOE.
Logotipo del PSOE.

Propuesta contra el fraude fiscal de la ponencia marco para la Conferencia Política del PSOE de noviembre próximo. El debate a fondo está de camino.

El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias

Texto de la Ponencia Marco de la Conferencia Política del PSOE, que va a someterse a debate en el próximo otoño:

Este es un tema vital para la reorientación de la política económica del PSOE. Más adelante, difundiré nuestras propuestas fiscales y económicas. La propuesta sobre fraude fiscal plantea lo siguiente:

El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias. Cada euro no pagado por los defraudadores es soportado por los contribuyentes honestos en forma de mayores impuestos. 

Al mismo tiempo el fraude desvirtúa la libre competencia y pone en situación de desventaja a los empresarios y profesionales que cumplen con sus obligaciones.

Por una parte, la lucha contra el fraude y la elusión requiere de la actualización de las leyes, para evitar que se perpetúen en el tiempo los huecos y trampas legales que de forma continua se desarrollan. 

Dada la lentitud de los procesos legislativos y las dificultades que los diferentes ejecutivos pueden enfrentar a la hora de ajustar las normas, debería implantarse la aprobación de una Ley anual de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal. 

Sin perjuicio de otros cambios legales puntuales, esta ley recogería y corregiría los huecos legales o de interpretación descubiertos por la inspección a lo largo del periodo, y estaría abierta a un periodo de consulta durante el cual los trabajadores y empresarios podrían aportar sus quejas y reclamaciones sobre situaciones de fraude, de cara a su corrección. 

La periodicidad pautada de esta Ley, abierta a las contribuciones tanto de los profesionales de la administración tributaria como de la sociedad civil, obligaría a los partidos políticos a retratarse continuamente ante la ciudadanía en cuanto a su voluntad real de luchar contra el fraude fiscal.

Adicionalmente, la administración tributaria deberá diseñar instrumentos públicos de medición cuantitativa y cualitativa del fraude, homologables a los utilizados por las administraciones más avanzadas, como el IRS estadounidense (Internal Revenue Service, tax gap estimates), que sirvan para aprecia de forma continua y trasparente los avances en la lucha contra el fraude.

En cuanto a las medidas concretas, éstas deben desarrollarse tanto en materia de legislación interna como internacional. Nuestra legislación, pese a los avan- ces parciales realizados, permite que ciertas modalidades de tributación generen vías de fraude y elusión, como la tributación por estimación objetiva, la constitución de sociedades instrumentales, el aprovechamiento de los regímenes privilegiados y paraísos fiscales, la manipulación de los precios de transferencia entre entidades vinculadas, la simulación de gastos financieros, la triangulación de operaciones con empresas fantasma, etc. 

En este sentido es esencial exigir en todos los foros internacionales la absoluta necesidad de acabar con las prácticas desleales tanto de territorios calificados de paraísos fiscales como de los regímenes especiales para la atracción de capitales existentes en países como Gran Bretaña, Luxemburgo, Suiza, etc. 

España debería condicionar su apoyo a cualquier medida de carácter comercial que implique a jurisdicciones que protejan y amparen el fraude a la consecución de la información fiscal relevante para avanzar en la lucha contra el fraude. En concreto, las legítimas exigencias de consolidación fiscal de la Unión Europea deberían tener como contrapartida avances en materia de información y lucha contra el fraude. 

Por otra parte, debe mejorarse la información de base para la lucha contra el fraude, incrementando la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio y ampliando la información sobre transacciones internacionales de capital (reforzando la cooperación internacional y rebajando los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras han de informar al Banco de España).

Adicionalmente, deben endurecerse las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, ampliando sustancialmente el plazo de prescripción, rebajando y homogenizando las cuantías, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las deudas y eviten el vaciamiento patrimonial previo. La vigilancia, pese a que puede mejorarse, nunca podrá asegurar el 100% en la probabilidad de detección del fraude, por lo que el contenido disuasorio de las sanciones ante actuaciones repetidas debe incrementarse. 

En este mismo sentido, debe facilitarse la colaboración ciudadana en la erradicación de los fraudes y su denuncia siguiendo los modelos vigentes en otros países de nuestro entorno.

Los recursos materiales y humanos para la lucha contra el fraude deben incrementarse. Tenemos una de las administraciones tributarias más eficientes del mundo pese a su infradotación en términos de inversión y personal, sin embargo es obvio que pese a ello la capacidad de la administración para enfrentarse a todas las tramas de fraude y elusión es insuficiente. 

Por otra parte debería considerarse la oportunidad de crear unidades especializadas, adicionales a las ya existentes, para los fraudes más complejos como son aquellos relacionados con transacciones internacionales y reforzarse los programas de cooperación con la inspección de la Seguridad Social. 

Adicionalmente, la administración de justicia debería contar con instancias especializadas (juzgados y fiscalías) que permitiesen tratar con el fenómeno del fraude de forma más eficiente.

Por último, no puede admitirse la amnistía fiscal en ningún caso. Es una de las medidas más injustas e ineficientes que puede adoptar un gobierno y su daño para la credibilidad del sistema y para la moral tributaria ciudadana es inconmensurable. 

Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal. Respecto al proceso de amnistía aprobado por el gobierno del Partido Popular se continuará con todas las iniciativas para invalidar su eficacia y permitir el análisis en profundidad de la procedencia de los fondos acogidos a la misma.

El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias
Comentarios