La Fiscalía sube la barra y acusa a los separatistas de golpe de Estado

El Ministerio Público confirmó su acusación de rebelión contra los líderes independentistas procesados y, encima de eso, ha calificado el proyecto secesionista como un golpe de Estado. Así lo explicó Javier Zaragoza, fiscal encargado del caso, quien acudió al artículo 472 del Código Penal, el mismo que tipifica el delito de rebelión. "La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el procés", dijo en el Tribunal Supremo.

El fiscal inauguró las cuatro horas que tenía a su disposición para presentar las conclusiones definitivas mediante un extenso informe. Tardó exactamente una hora, en la que reumió los principales argumentos de la acusación hecha por el ministerio público y quiso aprovechar para tomar la delantera respecto a los abogados defensores, quienes expondrán sus conclusiones la semana entrante. "La razón por la que están siendo juzgados nada tienen que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas ni proyectos políticos no compatibles con el orden constitucional. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución de 1978, un instrumento básico de nuestra convivencia. Haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales", dijo Zaragoza, quien acusó directamente con el dedo a Oriol Junqueras como el "maquinista" de todo este proyecto.

Zaragoza prosiguió su intervención atacando directamente la estrategia usada hasta hoy en día por los abogados defensores, quienes han alegado que todo lo hecho por sus clientes ha sido en ejercicio de sus derechos constitucionales, como los de manifestarse, protestar y decidir, explica El País. De acuerdo al fiscal, son quienes "defienden la Constitución" los únicos a quienes se les está violando sus derechos civiles. Posteriormente, afeó que los líderes independentistas encima de saltarse la Constitución se nieguen rotundamente a dialogar. "Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes", les acusó.

El equipo de fiscales estima que lo acontecido en Cataluña en 2017 fue de principio a fin algo como mínimo "excepcional", por lo que la ley debe caer con todo su peso sobre sus responsables. "Se movilizaron 6.000 policías, esto no es normal. El Rey tuvo que dar un discurso de enorme calado, que tampoco  es normal. Y se usó el artículo 155 de la Constitución, que no se usa para un simple acto contra el orden público. Estas circunstancias excepcionales demuestran que lo que se dio era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición”, explicó.

Una vez terminada su intervención, Zaragoza ha dado paso al resto de su equipo conformado por otros tres fiscales. Éstos se han adentrado en los hechos de los que se acusa a los jefes separatistas así como de las pruebas que durante el juicio se han ido recopilando respecto a cada delito que pesa sobre ellos. Jaime Moreno estuvo a cargo de justifiar por qué ha existido violencia, un requisito fundamental para que pueda aplicarse el delito de rebelión. Pero tal vez la tesis más imponente fue la de que los 93 agentes de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos durante la celebración del referendo del 1 de octubre de 2017 están conectados a los poco más de mil civiles que resultaron lesionados ese día, pues todos sufrieron las consecuencias de unos mismos hechos precipitados por los líderes independentistas.

Los fiscales también resaltaron que los procesados no se inmutaron en lo más mínimo en pedir el cese de las hostilidades y actos de violencia. Puede que públicamente hayan apelado al "civismo y pacifismo", como explicó Moreno, pero al mismo tiempo enviaban mensajes desafiantes y de invitación a la violencia como "no tenemos miedo", "el Estado asalta nuestras instituciones", "os han declarado la guerra" y una larga lista.

Como sea, la cuestión es de que el ministerio público hizo especial énfasis en el delito de rebelión, pues en torno a ésta giraron tres de las cuatro intervenciones de los fiscales, y tan solo Consuelo Madrigal se centró en el de malversación. Los fiscales sostienen que todos los acusados cumplieron con los elementos básicos de este delito y no de otros como el de sedición, que es el que acusa la Abogacía del Estado. El último en tomar la palabra fue Fidel Cadena, y fue también el más técnico de todos. Defendió que durante el procés se manejó a las masas, se utilizó a las fuerzas de seguridad locales (los Mossos) y hasta "violencia suficiente" para alterar el orden constitucional, todo ello suficiente para mantener que existió delito de rebelión. "La sedición afecta a la tranquilidad pública; la rebelión, a los cimientos del Estado", dijo. Tal como informó MUNDIARIO, la diferencia entre sedición y rebelión es que el primero es impedir el cumplimiento de las leyes mediante la fuerza y el segundo es directamente decretar la independencia de cualquier parte del territorio nacional.

Cadena prosiguió su comparecencia explicando que la violencia "es la clave", mas también defendió que el Código Penal no precisa que sea necesario un alzamiento armado o militar para considerar sus aciones como rebelión. El fiscal se aferró a una sentencia de la Sala Penal del Supremo dictada hace 26 años por un caso de atentado a la autoridad. En la misma, el ministerio público observó ciertas similitudes con el caso de los separatistas y por eso estima que sí hubo violencia en todos los actos. "No solo el utilizar energía física para crear una situación determinada implica el empleo de fuerza; también el mantenerse, resistiendo, en una determinada situación previamente creada, que solo podría ser modificada por el empleo de otra energía física en sentido contrario, se subsume bajo el concepto natural de fuerza”, dijo. @mundiario