La Fiscalía solicita el archivo del caso 8-M contra el delegado del Gobierno en Madrid
La Fiscalía de Madrid solicitó este lunes a la magistrada del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de manifestaciones en dicha comunidad autónoma durante la fase de expansión del coronavirus; entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo. En un recurso enviado al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, el ministerio público descarta la responsabilidad penal del representante del Ejecutivo en un proceso que revolucionó la política española en las últimas semanas, con ataques al Gobierno por supuestas injerencias después de que el Ministerio del Interior decidiese cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz de un informe enviado a la juez por guardias civiles bajo su mando.
El magistrado y doctor en Derecho Alfonso Villagómez ya lo había dado por hecho en MUNDIARIO, por ejemplo el 28 de mayo, al considerar que la causa que instruye una jueza de Madrid por los sucesos del 8-M estaba trufada de prospectiva, convirtiendo la investigación penal en una "causa general" contra el Gobierno. "El Tribunal Supremo ha advertido en varias ocasiones al juez de instrucción de que en nuestro Derecho se investiga porque algo pasa, no para ver si pasa algo. De ahí que la instrucción que lleva a cabo Rodríguez-Medel esté viciada de esta preposición, como lo acreditan las mismas diligencias solicitadas por la magistrada", explicaba Alfonso Villagómez, para concluir: "No se trata aquí por tanto de valorar un muy deficiente informe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, como de incidir sobre la absoluta falta de realidad de unos hechos que solo están en la imaginación del denunciante."
Así, pues, el fiscal en la llamada causa 8-M que instruye la juez del juzgado de instrucción 51 de Madrid señala una desviación procesal de una investigación que lleva a cabo la juez, sin ningún sentido jurídico, como había observado Alfonso Villagómez en MUNDIARIO. Entre otras cosas, no hay acto susceptible de un delito de prevaricación administrativa porque hay que tener en cuenta que el ejercicio del derecho de manifestación no necesita de una autorización previa de la autoridad gubernativa: basta con su comunicación, y no exige tal acto cuando no se aprecian obstáculos como sucedió en el 8-M.
La juez Carmen Rodríguez-Medel abrió, por tanto, una investigación ilusoria por un delito imposible de prevaricación del Delegado del Gobierno en Madrid. Es imposible así que exista este delito, que exige el dictado de una resolución manifiestamente injusta. Pero el asunto no se queda aquí, ya que esta espuria instrucción judicial ya provocó una crisis sin precedentes en la Guardia Civil a raíz de la petición por la juez de un inútil e improcedente informe.
El delito imposible del Delegado del Gobierno en Madrid
El Código Penal exige que se dicte una resolución administrativa injusta y arbitraria para que pueda existir el delito de prevaricación. Pues bien, el delegado José Manuel Franco no dictó ninguna resolución en el caso de la manifestación del 8-M. Se dice de manera incorrecta que el Delegado del Gobierno la autorizó, cuando el ejercicio del derecho fundamental de manifestación no requiere de ningún un acto previo autorizante, al ser suficiente con la comunicación de que se va a celebrar. La autoridad administrativa puede modificar, o no atender a dicha comunicación, prohibiendo la manifestación por razones fundadas de alteración del orden público. Nada de esto hizo el Delegado en Madrid, por lo que es jurídicamente imposible que exista el delito que incorrectamente se le imputa. @mundiario
