La Fiscalía investiga irregularidades en la paralización de Madrid Central
La moratoria del sistema de multas en Madrid Central está siendo investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente. Los fiscales encabezados por Antonio Vercher iniciaron esta investigación desde el 21 de junio, de acuerdo a El País basado en fuentes del ministerio público. En cuestión de una semana nada más, hasta tres juzgados se han pronunciado a favor del mantenimiento de esta zona de bajas emisiones y han rebotado así la moratoria que la Adminsitración del Partido Popular y Ciuadanos habían impuesto.
Puntualmente, lo que desarrollan los fiscales es un expediente gubernamental. En otras palabras, una investigación para determinar si hay algún delito o falta y si se toma una vía penal o contenciosa. Inicialmente, la opción predilecta sería que la investigación de los fiscales de Vercher se anexe a la que llevan ya otros dos juzgados de la capital, es decir, optar por la vía contencioso-administrativa.
A fin de mantener bajo control los niveles de contaminación por orden del ministerio público se han puesto en marcha dos sistemas de medición: el primero ubicado en un emplazamiento fijo y el otro, móvil, prosigue el medio ya citado. La Guardia Civil recolecta datos desde el 21 de junio y los técnicos todavía no están en la etapa de analizar resultados.
El proyecto estrella de la Administración de Manuela Carmena había sido paralizado por el nuevo Ayuntamiento, ahora dirigido por el PP. El equipo de Martínez-Almeida anuló las multas a los vehículos más contaminantes que, entonces, pudieron volver a circular en esta zona. Dicha medida desató protestas de los madrileños, especialmente aquellos pertenecientes a asociaciones de vecinos y ecologistas.
Los recursos interpuestos por el PSOE, Greenpeace y Ecologistas en Acción llevaron a dos juzgados capitalinos a emitir medidas cautelares que terminaron por rebotar la moratoria del Ayuntamiento. Este mismo día, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid dio el visto bueno a una medida cautelar que solicitó Greenpeace España. Es el tercer auto que los jueces de la capital dictan a favor de Madrid Central y va contra la decisión municipal que habían pactado el PP y Cs.
De paso, y en armonía con el anuncio del Consistorio, desde Bruselas se envió un documento al Gobierno de España solicitado que Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades del reino, aplicaran nuevas medidas contra la contaminación. La Comisión Europea lleva actualmente un expediente por este tema y en las semanas que vienen podrían presentar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que los esfuerzos para combatir los efectos de la contaminación son insuficientes. La responsabilidad es de las ciudades y en este caso la amenaza se cierte sobre Madrid y Bacelona, a las que Bruselas exige todavía más. @mundiario
