La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Rodrigo de Rato

Rodrigo de Rato. / Twitter
Rodrigo de Rato. / Twitter

Los fiscales responsabilizan al exministro de haber estafado a los inversores de Bankia cuando éste empezó a cotizar en la Bolsa de Valores.

La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Rodrigo de Rato

Cinco años de cárcel para Rodrigo de Rato por haber estafado a los inversores de Bankia cuando éste salió a la Bolsa, ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. La oficina, eso sí, perdona a Rato el delito de falsedad contable que le atribuyó Frenando Andreu, el juez que lleva su caso.

De acuerdo a la fiscalía, lo elemental en este caso es que, cuando la entidad se hizo pública, en julio de 2011, "se ocultó" a los padrinos que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, que era un legado de las cajas, era inviable sin ningún tipo de ayuda debido a la crisis, por ello que a de Rato, quien era vicepresidente de la organización, se le atribuya el delito de estafa al inversor.

La ocultación se habría hecho de forma deliberada por parte de Rato y el resto de los acusados por Anticorrupción, a fin de ganar sí o sí todos los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que a la larga terminó con serios perjuicios patrimoniales sufridos por los inversores cuando el banco empezó a cotizar en Bolsa.

El Fiscal atribuye el mismo delito a José Luis Olivas, exvicepresidente, José Manuel Fernández Norniella, exconsejero, y Francisco Verdú, exconsejero delegado, para quienes pide cuatro años, tres años y dos años y siete meses de cárcel, respectivamente. De paso, exonera a los otros 28 imputadospor el magistrado, incluyendo al socio auditor Deloitte Francisco Celma; para el cuarteto demanda que paguen una multa de hasta 60.000 euros.

De igual forma exige que se presenten a declarar como testigos Miguel Ángel Fernández Ordóñez, otrora gobernador del Banco de España, así como los demás técnicos del organismo que se presentaron durante la instrucción y también ha llamado a José Ignacio Goirigolzarri, quien lleva las riendas de Bankia hoy por hoy.

Anticorrupción ha demandado que se archive la causa, ya no sólo contra los otros 28 acusados por el juez, sino también sobre BFA-Bankia, pues de acuerdo a sus acusaciones su comportamiento avala "el compromiso de sus dirigentes con una cultura empresarial ética", sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pueda corresponder.

Alejandro Luzón, fiscal participante en este caso, aseguró que el boletín con el que el banco anunció su salida a la Bolsa estaba "incompleto" pues no presentaba las cuentas anuales del banco, así como deficiente ya que ilustraba de forma fiel el patrimonio de la entidad.

Así las cosas, Luzón explica que el documento entregado a quienes se presentaron a la operación "arrastraba controvertido criterios contables" adquiridos desde antes por cualquiera de las siete cajas que formaron Bankia, incluidas Caja Madrid y Bancaja, las cuales fueron las más críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha pasado de acusar a nadie del delito de falsedad contable, explica que las cuentas de BFA-Bankia no cumplen con los requisitos para ser calificadas de "materialmente de falsas en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", que aprobó de forma deliberada muchas de las decisiones que "no contribuyeron a que la imagen luciera adecuadamente".

Con ello, estima que el principal problema de aquel grupo no era el "forzado acomodo" a una "elástica" normativa, sino más bien la rentabilidad, toda vez era un grupo cuyos activos realmente no eran rentables y sus pasivos eran muy elevados, por lo que todo ello desataba "pérdidas recurrentes muy importantes".

Con la ayuda de los inversores mayoristas, que llegaron a Bankia por la refinanciación de créditos, explica la Fiscalía, se logró sacar adelante una operación en la que todos aquellos minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" del intrínseco cuando se sale a Bolsa, pues no se les informó de los riesgos "al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

Las advertencias compartidas por el banco, de acuerdo al fiscal, estaban pensadas más bien para proteger al emisor ante potenciales reclamaciones que al inversor, especialmente al minorista, quien no tenía la capacidad para asumir estos riesgos, "algunos de enorme complejidad", que a la larga desató un riesgo tildado de "remoto" e inconcreto, explica eldiario.es.

Respecto a la rebaja del precio inicial de las acciones hasta los 3.75 euros, continúa el fiscal, además de evidenciar los daños que "no lucían plenamente" en la contabilidad, calificó "automáticamente" al BFA de inviable e insolvente.

Con ello, insiste en que el descuento del 74% incluía de forma intrínseca "lo que se quería evitar", es decir, que la entidad incumpliera con el coeficiente de solvencia, situación que determinó apenas unos meses después de su estreno bursátil el FROB.

El documento también explica el grado de participación de cada uno de los acusados, y resalta a Rato por ser quien ilustra "el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas" de la organización, valiéndose del respaldo del que gozaba tras haber sido ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional.

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