La Fiscalía se alinea con el Constitucional: rechaza elevar el caso de los ERE a Europa
La Audiencia de Sevilla plantea recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, pero la Fiscalía defiende la legalidad de las sentencias del órgano de garantías, que beneficiaron a los expresidentes Griñán y Chaves.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la iniciativa de la Audiencia de Sevilla de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la pieza política del caso ERE, en la que se condenó a varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía por malversación y prevaricación. La posición del Ministerio Público se fundamenta en que el criterio del Tribunal Constitucional, que rebajó sustancialmente diez de las condenas el pasado verano, debe prevalecer sobre la postura de la Audiencia sevillana.
El conflicto surge tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de considerar que las sentencias del Tribunal Constitucional vulneraban el derecho europeo, lo que la llevó a plantear la consulta al TJUE. Sin embargo, la Fiscalía, como parte en el proceso de ejecución de las sentencias, discrepa y defiende la actuación del Constitucional. “La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal”, argumenta en su escrito presentado ante la Audiencia sevillana.
Según Anticorrupción, el Tribunal Constitucional no incurrió en una aplicación extensiva o arbitraria del tipo penal al anular las condenas de malversación y rebajar las de prevaricación. Las resoluciones del alto tribunal afectaron a figuras como los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, quienes se beneficiaron de la reinterpretación de los delitos. “El TC no ha optado por una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación”, concluye la Fiscalía.
El debate jurídico está lejos de resolverse. Mientras las partes implicadas —defensas, acusaciones como el PP y Manos Limpias, y la propia Fiscalía— presentan sus alegaciones, la Audiencia sevillana debe decidir si mantiene su intención de acudir al TJUE. Paralelamente, el Tribunal Constitucional podría intervenir para reafirmar su posición y anular cualquier resolución que contradiga sus fallos, amparándose en su propia ley orgánica.
Para reforzar su postura, Anticorrupción ha citado varias sentencias del TJUE que subrayan la necesidad de respetar el principio de legalidad penal incluso cuando se trata de casos de corrupción. Según la Fiscalía, la interpretación del Constitucional no contraviene el derecho europeo y, por tanto, no hay base para remitir el caso a Luxemburgo. Además, descarta que los hechos enjuiciados hayan afectado los intereses financieros de la UE, un aspecto clave en la normativa comunitaria sobre corrupción y fraude.
La decisión final sobre la consulta al TJUE y la ejecución de las sentencias pendientes se perfila como un episodio clave en la resolución definitiva del caso ERE. El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente en la relación entre los tribunales españoles y el TJUE, así como en la aplicación del Derecho europeo en casos de corrupción de gran magnitud. @mundiario