La Fiscalía abre una investigación por las repatriaciones de los menores en Ceuta
La repatriación de los más de 700 menores de edad que llegaron a Ceuta en mayo enfrenta al Ministerio de Interior con sus socios de Gobierno, con el Defensor del Pueblo, con el Consejo de la Abogacía y con las principales ONG. La Fiscalía ha iniciado una investigación ya que recela de las garantías jurídicas de la operación, y ha exigido al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska informes para determinar “caso a caso” si el procedimiento de repatriación vulnera los derechos de los menores.
De acuerdo con El País, el ministerio público ha reclamado a Interior, a través del fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Eduardo Esteban, la orden por la que se autorizó la repatriación y la información relativa a cada uno de los menores. Fuentes jurídicas han recordado que la ley de extranjería establece “un proceso garantista para devolver a un menor, en el que el afectado debe ser siempre escuchado”. Así, la Fiscalía pretende comprobar si este paso se ha cumplido como es debido y que no se han cometido “arbitrariedades”.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, en manos de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado una carta a Interior para expresar su disconformidad. El departamento ha asegurado este sábado que trabaja “intensa y discretamente en el seno del Gobierno para que se garanticen los derechos de los niños”, pero ha rechazado hacer comentarios sobre dicha misiva, que “forma parte del trabajo interno entre ministerios”.
El retorno colectivo tras el acuerdo de España y Marruecos
España inició este viernes, luego de llegar a un acuerdo con Marruecos, un "dispositivo de retorno” de los menores no acompañados que permanecían en centros de Ceuta tras su entrada masiva la semana del 17 de mayo.
Los primeros menores cruzaron la frontera este mismo viernes en la tarde, mientras el Ministerio de Interior evitaba confirmar o desmentir el operativo. Diversas organizaciones en el terreno y fuentes policiales han explicado que a primera hora de la tarde se activó un operativo para el traslado, en grupos de 15, de los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia.
“Al principio no querían decir nada. Después nos han aceptado que se estaban llevando a los menores a la frontera para devolverlos. Decían que su país los está reclamando y que allí van a estar mejor”, explicó a El País, en condición de anonimato, una trabajadora social de Samu, la empresa encargada de gestionar los recursos de acogida habilitados.
Las asociaciones que trabajan proporcionando asistencia legal a menores no acompañados y jóvenes migrantes han adelantado que estos serán acogidos en un centro marroquí de Martil, cercano a Tetuán, a la espera de reunirlos con sus padres. En uno de los documentos en los que que se recoge la negociación entre España y Marruecos, Interior afirma que Rabat “protegerá los derechos” de los menores hasta reunirlos con sus progenitores y, en el caso de que este escenario no sea posible, la L’Entraide Nationale [institución pública autónoma encargada de la asistencia social] deberá hacerse cargo de ellos.
Última hora: nuestro equipo en Ceuta se está desplazando a la zona. Reiteramos que cualquier expulsión colectiva es ilegal, pedimos una gestión individualizada y que no se expulse a ningún menor en contra de su voluntad. Se ha de garantizar su protección. https://t.co/f0KsKEhBwI
— Save the Children Es (@SaveChildrenEs) August 13, 2021
La organización Save The Children, por su parte, ha denunciado que la repatriación de los menores sólo sería viable “en casos concretos”. “Como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y además estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible”, ha alertado su director general, Andrés Conde. “Muchos de estos niños van a ser devueltos a una situación de riesgo para su seguridad. Exigimos la suspensión de esta repatriación porque incumple la legislación española en vigor, en concreto tres leyes: la de protección jurídica del menor de 2015; el reglamento de extranjería y la convención de derechos del niño”, ha advertido el portavoz. “La legislación es clarísima al respecto. Nos parece increíble que esto esté pasando, cuando nos consta que se están realizando las evaluaciones del interés general del menor, y que no están terminadas. Queremos saber cuál es el amparo legal que les permite hacer esto”.
Las autoridades calcularon que entre las 10.000 personas que entraron masivamente a Ceuta en mayo podría haber unos 2.000 y 3.000 menores. Muchos de ellos fueron devueltos en caliente, otros retornaron voluntariamente y el resto, cerca del millar, acabaron alojados en naves, pabellones y campamentos provisionales. Hasta este viernes estaban acogidos unos 740 menores y la inmensa mayoría había manifestado no querer volver a su país.
VÍDEO | https://t.co/xBXCYwrRwM accede a imágenes de las primeras devoluciones de los 800 menores que llegaron a Ceuta en mayo https://t.co/dQFxmQC1Y9 pic.twitter.com/aXt4ryayml
— elDiario.es (@eldiarioes) August 13, 2021
Save the Children, responsable de la evaluación del interés superior del menor, requisito estipulado en el acuerdo bilateral de España con Marruecos para ejecutar las repatriaciones, asegura que uno de cada cuatro niños ha llegado a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato. @mundiario
