Fiscales de todas las tendencias asumen sus compromisos constitucionales en Cataluña
Los fiscales de tres asociaciones anuncian que asumen con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tienen atribuidas.
Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlamento de Cataluña no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines, según un comunicado conjunto sobre Cataluña, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. "Recordemos –añaden– que lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares, que acogen también los regímenes no democráticos, sino la sujeción de los poderes públicos a la Ley."
"Es claro que en esta situación subyace un problema político que deberá ser abordado y reconducido por los cauces, también políticos, que correspondan. Ahora bien, ello no puede ser excusa para la flagrante y reiterada vulneración de la legalidad que se está acometiendo", advierten. "Como fiscales y juristas, pero también y sobre todo como ciudadanos, muchos de nosotros viviendo y desempeñando nuestras funciones en Cataluña, no podemos permanecer impasibles o en silencio ante las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de la Generalitat y por el Parlament de Cataluña. El contenido y la tramitación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y de la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana nos provoca conmoción, una honda preocupación y un rotundo rechazo", explican.
Para la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, el principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho como tal. "Ello garantiza la convivencia, proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y protege frente a decisiones arbitrarias y regímenes autoritarios", recuerdan.
El comunicado añade: "La contravención de estos principios por las citadas leyes es patente y no precisa de sesudos análisis técnico-jurídicos. Así, se vulnera claramente la Constitución española, aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. Infringen las previsiones del propio Estatuto de Cataluña. Tampoco se adecúan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni tienen amparo en ningún Tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, aplicables, por cierto, a situaciones por completo distintas a la existente en Cataluña y el resto de España."
