Los fiscales del procés piden mantener la pena de inhabilitación de Junqueras
El Ministerio Público explica en su escrito que la condena por el delito de malversación no debería ser revisado para el exvicepresidente y otros tres exconsejeros de la Generalitat.
La Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo su petición de revisión de condenas para los líderes independentistas del procés catalán que fueron juzgados en 2019, por la puesta en vigor de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebajar las penas por la malversación, por los que los imputados fueron sentenciados hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En su escrito presentado al alto tribunal, los fiscales que lideraron la causa contra los exmiembros de la Generalitat solicitan que se mantengan las penas que fueron sentenciadas contra el exvicepresident Oriol Junqueras (13 años de inhabilitación) y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron condenados a 12 años de inhabilitación que deberían extinguirse en algún momento entre 2030 y 2031. Según el escrito, se trata de los procesados que además de ser sentenciados por sedición, también fueron penados por malversación.
Los representantes Ministerio Público sostienen que, a pesar de que la reforma del Código Penal establece una diferencia entre la malversación motivada por el lucro personal y cuando no lo hay (que incluye una rebaja significativa de las penas), los fiscales consideran que estos cuatro dirigentes independentistas incurrieron en la malversación en su forma más grave, al considerar que supuestamente hubo ánimo de lucro en el desvío de fondos públicos para “fines delictivos”, según RTVE.
Esa postura está en sintonía con el decreto firmado por el fiscal general del Estado este miércoles, en la que establece pautas para actuar respecto a la reforma del delito de malversación, pues subrayan que “el ánimo de lucro no solo se integra por la obtención de un beneficio económico propio para el autor o para un tercero”, sino que también por la consecución de cualquier otro beneficio, “como sucede cuando apropiándose de los fondos públicos estos son destinados a fines delictivos”.
Esa modalidad del delito contempla penas de entre 10 y 20 años. Los fiscales alegan que no deben revisarse las sentencias de estos exmiembros del Govern, pues “se encuentran en la mitad inferior” de las condenas que recoge el actual Código Penal, tras ser condenados a unas penas de entre 12 y 13 años en una horquilla más amplia, por lo que no debería haber una revisión. No obstante, los fiscales están dispuestos a revisar las sentencias del resto de imputados.
La Fiscalía está dispuesta a rebajar penas
La Fiscalía considera que debe rebajarse el tiempo de inhabilitación política que se impuso a los procesados que fueron condenados por sedición (ahora inexistente), pero no por malversación. Los dirigentes beneficiados por la revisión serían la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (condenada a 11 años); los exconsejeros Quim Forn y Josep Rull (de 10 años); el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el de la ANC, Jordi Sànchez.
De los 11 años de inhabilitación de Forcadell pasaría a 9 años y dos meses; en el caso de Forn y Rull, los 10 años y medio pasaría a 8 años y dos meses. Los más beneficiados serían Sànchez y Cuixart, cuyas condenas serían rebajadas de nueve a cinco años de inhabilitación. La prisión no es una opción para ninguno, pues fueron indultados.
En su escrito, los fiscales reiteran su crítica a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, pues afirman que “ha eliminado uno de los instrumentos penales de respuesta frente a las agresiones al orden constitucional, debilitando su adecuada protección”. @mundiario