El fiscal general descarta dimitir si el Supremo le presenta imputaciones

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ha dejado claro que no tiene intención de dimitir si el Tribunal Supremo decide imputarlo por un supuesto delito de revelación de secretos. Este delito se le atribuye debido a la publicación de una nota informativa para desmentir los supuestos bulos difundidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con un procedimiento judicial que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

El 14 de marzo pasado, García Ortiz ordenó la difusión de una nota informativa a través de la Fiscalía de Madrid. Esta nota tenía como objetivo aclarar el estado del proceso judicial contra Alberto González Amador, quien confesó dos fraudes fiscales. La información oficial se difundió para responder a las afirmaciones del Gobierno de Ayuso, que había acusado a la Fiscalía de retirar un acuerdo de conformidad para reducir las penas de González Amador.

Fuentes cercanas a García Ortiz han indicado al diario EL PAÍS que el fiscal general “no se plantea dejar su cargo” ya que considera su actuación “necesaria” y “dentro de la legalidad”. El apoyo recibido de diversos colectivos, especialmente durante el Congreso de Jueces y Juezas para la Democracia en Vigo, ha sido crucial en su decisión de resistir. En este evento, García Ortiz expresó su gratitud y reafirmó su compromiso con la legalidad de su actuar.

La nota informativa de la Fiscalía de Madrid, con fecha del 2 de febrero, detalló las gestiones del abogado de González Amador para alcanzar un acuerdo de conformidad. Este acuerdo implicaría una reducción de las penas de cárcel a cambio de la confesión de los delitos y la devolución del dinero defraudado, junto con una multa. La difusión de esta información, además, desmentía las acusaciones del Gobierno de Ayuso sobre la retirada del acuerdo.

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había informado a los periodistas sobre la supuesta retirada del acuerdo por “órdenes de arriba”. Esta información fue publicada por varios medios sin contrastar con la Fiscalía, lo que llevó a García Ortiz a ordenar la difusión de la nota informativa para aclarar la situación.

Amador presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que abrió una causa para investigar quién ordenó la difusión de la nota informativa. Aunque García Ortiz asumió la responsabilidad, el tribunal tomó declaración a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien confirmó que la orden provenía del fiscal general.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que los hechos encajan en los supuestos de revelación de secretos recogidos en el Código Penal, deberá redactar una exposición razonada para que el Tribunal Supremo, único competente para juzgar al fiscal general del Estado, decida si abre causa contra García Ortiz.

La decisión del Supremo tendrá implicaciones significativas tanto para García Ortiz como para la Fiscalía General del Estado. La controversia ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Gobierno de Ayuso y la Fiscalía, además de destacar la importancia de la transparencia y la legalidad en la actuación de las instituciones públicas. @mundiario