García Ortiz pide que el Supremo asuma la causa de revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. / RR.SS.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. / RR.SS.
El fiscal general, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que transfiera la investigación contra la Fiscalía de Madrid, cuando desmintió una información sobre la pareja de Ayuso.
García Ortiz pide que el Supremo asuma la causa de revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que transfiera al Tribunal Supremo la causa abierta contra la Fiscalía de Madrid por el supuesto delito de revelación de secretos. García Ortiz argumenta que el caso le involucra directamente, ya que él mismo ordenó emitir un comunicado de prensa para desmentir un bulo difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que afectaba a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En marzo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtró un correo electrónico de la Fiscalía al abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se ofrecía un acuerdo en un caso de fraude fiscal. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, aseveró que "alguien de arriba" había retirado el ofrecimiento de pacto. Para aclarar la situación, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado explicando que fue el abogado de González Amador quien inicialmente propuso el acuerdo. Este comunicado llevó a González Amador a denunciar a la Fiscalía por revelación de secretos.

González Amador ganó dos millones de euros en 2020 mediante la intermediación en la venta de mascarillas durante la pandemia. En 2021, triplicó sus ingresos colaborando con el grupo Quirón, uno de los principales clientes de la Comunidad de Madrid. En sus declaraciones fiscales, presentó facturas falsas para justificar gastos inexistentes y evadir el pago de 350.000 euros. Cuando la inspección fiscal descubrió el fraude, su abogado reconoció los hechos para evitar un juicio y una posible condena a prisión.

García Ortiz defiende que su orden de difundir el comunicado no constituye un delito de revelación de secretos, ya que la información sobre el caso ya era pública. Afirma que actuó por el deber de transparencia y para desmentir informaciones falsas. En un escrito dirigido al TSJM, García Ortiz expone varias consideraciones:

1. Derecho a la Información: Resalta que recibir información veraz es un derecho fundamental y que una correcta información es esencial para la transparencia y la confianza en el sistema judicial.

2. Ajuste a Derecho: Sostiene que el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía de Madrid estaba plenamente ajustado a derecho y cumplía con la función de informar al público.

3. Dominio Público: Argumenta que no se reveló ningún secreto, porque la información difundida ya estaba circulando en los medios de comunicación.

4. Investigación Exclusiva a la Fiscalía: Critica que solo los miembros de la Fiscalía sean investigados, mientras que el entorno de González Amador, fuente de la información filtrada, no está siendo investigado.

5. Competencia del Tribunal Supremo: Concluye que el TSJM carece de competencia para investigar el caso, ya que cualquier actuación se realizó bajo su autorización directa.

El TSJM admitió a trámite la querella presentada por González Amador y ha comenzado a citar a testigos, entre ellos Almudena Lastra, fiscal jefe de la Comunidad de Madrid. Lastra supuestamente se resistió inicialmente a enviar el comunicado y exigió una orden por escrito de García Ortiz.

El magistrado instructor de la causa ha solicitado información sobre quién decidió difundir el comunicado. En el procedimiento ya consta que García Ortiz fue quien dio la orden. Ahora, con su escrito, García Ortiz formaliza su responsabilidad en la decisión y solicita que la causa sea instruida por el Tribunal Supremo.

Este caso pone de manifiesto las tensiones entre diferentes niveles de la administración y el sistema judicial en España. La decisión del TSJM sobre la transferencia del caso al Tribunal Supremo será crucial para determinar la competencia y la responsabilidad en la difusión de la información sensible por parte de la Fiscalía. Cabe resaltar que la resolución del caso podría tener importantes repercusiones en la confianza pública en el sistema judicial y en la transparencia de las instituciones. @mundiario

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